La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha considerado este domingo que las 142 páginas del Boletín Oficial del Estado (BOE) en las que se concretan las medidas del Gobierno ante el impacto por la guerra en Irán son «adecuadas, pero insuficientes».
En un comunicado, Fedeto ha indicado que celebrará reuniones con los distintos sectores a partir de este lunes pero en principio ha valorado que el plan presenta un amplio desarrollo normativo y «acierta» con la bajada de impuestos y la habilitación de ayudas directas.
Sin embargo, ha opinado son medidas «insuficientes» por su carácter temporal y porque no abordan el incremento sostenido de costes en un contexto en el que los costes de los carburantes continúan al alza.
En este sentido, ha apuntado que el caso del sector del transporte de mercancías y de viajeros es más «preocupante» porque queda en una situación «muy comprometida» ya que el decreto no adopta medidas suficientes para absorber el impacto de los costes, lo que sitúa a muchas empresas en una posición de riesgo, con posibles efectos sobre la cadena de suministro.
En el ámbito agrícola, ha señalado que las medidas no resuelven el importante incremento de costes de combustible y fertilizantes, que se suman a la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
También echa en falta medidas específicas dirigidas a sectores cuya actividad depende de forma directa e intensiva del uso del vehículo como la pequeña paquetería, las autoescuelas, así como un amplio colectivo de profesionales autónomos y pequeñas empresas prestadoras de servicios.
Por todo ello, Fedeto ha solicitado una revisión del decreto que incorpore las soluciones planteadas por todos los sectores empresariales, con el fin de garantizar la viabilidad del conjunto del tejido empresarial, evitar el deterioro de la actividad económica y prevenir la transferencia de costes a consumidores y empresas.
Por otra parte, ha tildado de «inadecuada» la inclusión en otro decreto de iniciativas «ajenas al contexto de la crisis energética», en especial en materia de vivienda, al entender que introducen distorsiones en el mercado, generan inseguridad jurídica y desincentivan la inversión.
Para la patronal toledana, este tipo de planteamientos responde a «una intención electoralista» por una parte del Gobierno, «carente de sentido en un contexto en el que resulta prioritario adoptar medidas eficaces para hacer frente a la crisis provocada por la guerra».
