La Diputación Provincial de Toledo ha acordado el inicio del expediente para convertir el Centro Cultural San Ildefonso en un Centro Gastronómico Provincial.
Esta actuación se enmarca dentro del proyecto “Toledo Emerge, que permitirá recuperar una serie de edificios actualmente sin uso y ponerlos al servicio del desarrollo económico, turístico y cultural de la provincia, enlazado igualmente con la candidatura de Toledo para ser capital Cultural Europea en el año 2031.
La puesta en valor de este inmueble, que lleva cerrado desde el año 2013, persigue lograr una adecuación funcional que lo vincule a un modelo de restauración y ocio íntimamente ligados a la cultura y al medio ambiente, proponiendo un proyecto que combina el desarrollo sostenible de la agricultura y el consumo de productos de proximidad con la creación de un Centro Gastronómico de la Provincia de Toledo con la cultura como eje transversal del proyecto de recuperación.
De este modo, la Diputación de Toledo, que preside Concepción Cedillo, se convierte en un pilar estratégico en el ese proyecto de ciudad que comanda el Ayuntamiento de Toledo con la cooperación necesaria de la Institución provincial, que cede cuatro edificios en desuso de su propiedad para incorporarlos a ese ambicioso plan, que contempla usos culturales, de ocio, restauración y vivienda para jóvenes en estos espacios.
Con esta iniciativa, la Diputación de Toledo da un paso firme hacia la recuperación de espacios patrimoniales infrautilizados, apostando por un modelo de gestión público-privado que combina sostenibilidad, cultura e impulso económico.
El Centro
El futuro centro, situado en la travesía del Cristo de la Vega, cuenta con una superficie total de 1.389 m² y una superficie construida de 319 m². La propuesta parte del Área de Cultura de la Diputación y tiene como finalidad explotar este espacio para la promoción de la riqueza gastronómica toledana, combinando tradición y cultura en un entorno singular.
Según el plan de viabilidad aprobado, se prevé una inversión de 797.679 euros por parte del adjudicatario, necesaria para adecuar las instalaciones.
La concesión tendrá una duración inicial de 30 años, prorrogables por un máximo de 10 años adicionales.
El contrato se tramitará como concesión de dominio público de carácter patrimonial, corriendo la evaluación a cargo de un comité de expertos designado específicamente para este proceso.
