El consejero de Fomento, Nacho Hernando, se ha referido a la situación de las viviendas de la calle Río Yedra 8, en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, como «un problema de orden público» y ha animado a las familias que han mostrado su voluntad de llegar a acuerdos en el pago del alquiler a que lo hagan «en unos términos razonables y adecuados».
A preguntas de los periodistas este martes en rueda de prensa sobre los problemas de convivencia y seguridad en la zona, ante los que los vecinos demandan una solución, Hernando ha asegurado que «puede haber una solución política, pero nunca al margen de la ley».
El consejero ha recordado que se han iniciado los procesos de desahucio de los inquilinos que no pagan el alquiler y, en este sentido, ha precisado hay personas que deben «más de diez años», que «no han pagado nunca».
Además, ha mostrado su agradecimiento a la justicia por ayudar a que esto «se pueda ir solucionando», así como a las fuerzas de seguridad, «que ejecutan esas decisiones judiciales» y que «llegan a asistir y a proteger a los propios trabajadores de la empresa pública cuando tienen que acceder a la promoción».
El titular de Fomento ha explicado que la empresa Gestión de Infraestructuras Castilla-La Mancha (Gicaman) lleva «casi un millón de euros invertidos» en la reparación de daños y que se ha procedido a blindar los contadores, así como a tapiar trasteros y garajes «para evitar actuaciones que han sido investigadas por la policía».
Incluso, ha afirmado que tuvo que actuar la Policía Nacional porque se detectó que había «una mafia siria de trata de personas».
«Una situación tan difícil que excede a las competencias en materia de vivienda», ha aseverado Hernando, para quien se trata de «un problema de orden público».
En este contexto, ha destacado que hay 13 familias que están al corriente de pago y ha animado a aquellas personas que se han acercado «con la voluntad de llegar a acuerdos con la empresa Gicaman» para empezar a pagar los alquileres sociales y la deuda pendiente a que lo hagan «en unos términos razonables y adecuados», pero no «pagar cómodamente en los próximos 327 años» como se ha planteado.
«Nosotros no miramos para otro lado ante el sufrimiento», pero «tampoco vamos a mirar para otro lado cuando hay alguien que se está aprovechando de un recurso público y lo hace de tal manera que genera una mala convivencia», ha continuado el consejero, quien ha añadido que la situación en Río Hiedra es «extrema» y que también se está «haciendo un seguimiento en las 109».
El titular de Fomento ha insistido en que «la competencia en materia de vivienda se ve superada ante lo que es un problema de orden público» y ha abogado por ayudar a quienes lo necesitan y «no permitir atropellos de la gente que no se comporta de manera cívica y que atenta contra la convivencia vecinal».
«Vamos a hacer todo lo que podamos, pero dentro de los límites y los plazos que marca la ley y la justicia (…) para poder recuperar recursos públicos y ponerlos a disposición de la gente», ha concluido.
