La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar este martes y miércoles, días 15 y 16 de noviembre, al alcalde de Navalcán, J.D.C., por un presunto delito de falsedad en documento oficial, por el que el Fiscal pide una pena de cuatro años de prisión, multa de veinte meses a razón de doce euros de cuota diaria e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los hechos se remontan a un escrito fechado el 4 de marzo de 2009, cuando el acusado, en calidad de alcalde de la localidad de Navalcán (Toledo), solicitó tres subvenciones a la Diputación Provincial de Toledo para la realización de unas obras de mejoras que habrían de llevarse a cabo en la denominada ‘Dehesa de Calabazas’, finca rústica de propiedad municipal.
Las obras consistían en instalación del sistema de goteo, instalación eléctrica y cerramiento, consistente la primera de ellas en realizar el mismo y en poner tuberías principales secundarias y goteros «sin que se hablase para nada de perforación»; la segunda en la instalación eléctrica con transformador para abastecer de energía eléctrica a la ‘Dehesa de Calabazas’, instalándose postes, línea y transformador y conducción de línea; y la tercera de ellas en el cerramiento de la finca con malla cinegética de menos de dos metros de altura, como medida de protección de la finca de amenazas externas o ganado, entre otras.
El 29 de octubre de ese año, la Diputación de Toledo realizó una transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento de Navalcán por importe de 33.333 euros, como subvención a las instalaciones antes mencionadas.
Sin haberse realizado las instalaciones de goteo, eléctrica y cerramiento, el acusado, en su calidad de alcalde de Navalcán en escrito fechado el 9 de octubre de 2009, declaró y firmó bajo su responsabilidad que «la inversión para la que ha sido concedida la subvención se ha realizado en su integridad», faltando así de manera consciente y deliberada a la verdad, según el Ministerio Fiscal, que indica que en dicho escrito se añadió «habiendo sido destinadas todas las aportaciones económicas a la inversión objeto de la subvención».
Según el Ministerio Público, se desconoce el destino que el acusado dio a los 33.333 euros enviados por la Diputación para las instalaciones referidas, al no haberse destinado a los fines solicitados.
