La Policía Nacional, en el marco de la operacion ‘Aladín’ ha desarticulado un grupo delictivo que se dedicaba al empadronamiento masivo y fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación irregular en Talavera de la Reina (Toledo). Se detectaron dos domicilios y un local comercial con 289 personas empadronadas durante el último año
Los ocho detenidos formaban una red que captaba inmigrantes en situación de necesidad y además de cobrarles por los empadronamientos, también los ofrecían altas en la Seguridad Social mediante contratos ficticios a cambio de una contraprestación económica.
Según informa la Policía, esta operación se inició a mediados de 2023 cuando el Ayuntamiento de esta localidad toledana comunicó a la Policía Nacional sus sospechas sobre la veracidad de algunos empadronamientos que habían tramitado.
En un principio fue la Brigada Local de Extranjería y Fronteras la que comenzó con el análisis de la documentación, si bien posteriormente y debido a la complejidad de la causa, se incorporaron los investigadores de la Brigada Local de Policía Judicial.
Los agentes pudieron averiguar que uno de los principales responsables del grupo delictivo se dedicaba a empadronar de forma masiva inmigrantes en tres domicilios, llegando a registrarse en el último año 166 personas en una vivienda, 108 personas en un local comercial y otras 15 personas en un tercer domicilio utilizado para este fin.
Estos empadronamientos, que se realizaban con burdas falsificaciones o bien presentando denuncias manuscritas de sustracción de documentación, contaban con la colaboración de dos personas en el Padrón municipal, quienes actuaban bien por acción o bien por omisión.
COBRABAN ENTRE 50 Y 5.000 EUROS POR LAS GESTIONES FRAUDULENTAS
Otro de los principales investigados utilizaba su empresa para dar de alta a los inmigrantes en la Seguridad Social, realizando contratos de trabajo ficticios para que así pudieran solicitar las correspondientes tarjetas de residencia y trabajo, así como beneficios y ayudas sociales.
Otros de los integrantes del grupo se dedicaban a captar inmigrantes en situación irregular interesados en estos trámites, e incluso algunos ofrecían sus inmuebles vacíos para que figurasen en ellos los empadronamientos.
Todos los componentes de este grupo actuaban con ánimo de lucro y eran totalmente conocedores de la actividad ilícita que estaban llevando a cabo, cobrando entre 50 y 5.000 por llevar a cabo las tareas asignadas dentro de la organización.
En el registro de uno de los domicilios y una oficina, se encontró gran cantidad de documentación y se intervinieron teléfonos móviles y un ordenador.
En esta operación han participado investigadores de las Brigadas Locales de Extranjería y Fronteras y de Policía Judicial de la Comisaría de Talavera de la Reina, así como de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) con sede en Madrid.
