El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este lunes la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026, que entrará en vigor el próximo día 1 de enero.

Las cuentas para el próximo año, que fueron aprobadas por las Cortes de Castilla-La Mancha en el pleno celebrado el pasado 17 de diciembre, ascienden a un montante de 12.903 millones de euros, lo que supone una variación del 1,5 por ciento respecto a 2025, ha informado la Junta en un comunicado.

Tal y como defendió el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante ese pleno, este Presupuesto se sustenta en cuatro grandes pilares: Estado del Bienestar, la actividad empresarial y el empleo, la transformación digital y la transición ecológica y el reto demográfico.

En relación al primero, estas cuentas apuestan por consolidar el Estado del Bienestar para reforzar la cohesión social de la región, constituyéndose como el eje central de estas cuentas. Así, destinan el 72 por ciento del gasto no financiero, lo que supone 7.500 millones de euros a garantizar una redistribución justa de la riqueza.

Igualmente, el segundo objetivo es impulsar la actividad empresarial y crear empleo. Para ello, se invertirán 3.200 millones de euros. Para el Ejecutivo autonómico es prioritario el crecimiento económico para sostener y mejorar los servicios públicos fundamentales.

Una tercera pata es acelerar la transformación digital y la transición ecológica para favorecer una economía más competitiva y sostenible; del mismo modo que, una cuarta, está dirigida a la lucha contra la despoblación, con un montante económico superior a los 2.100 millones de euros para implicar de manera transversal a toda la política presupuestaria del Gobierno regional. De este modo, se sitúa a la vanguardia tanto en España como en Europa.

CARÁCTER INVERSOR

Según expuso el consejero Ruiz Molina en la sesión parlamentaria, estas cuentas mantienen un carácter inversor destinando 1.560 millones a contribuir con la actividad productiva y ampliar infraestructuras en el ámbito de los servicios públicos. Además, se trata de un presupuesto que es compatible con el equilibrio presupuestario; por lo que no habrá que solicitar más préstamos para el próximo año.

Del mismo modo, los Presupuestos para 2026 son compatibles con las nuevas deducciones fiscales relacionadas con el ámbito social, especialmente en el área de vivienda. Estas desgravaciones que se unirán a las ya aprobadas por el Gobierno regional en los últimos diez años y que han permitido duplicar con creces los beneficios fiscales a los contribuyentes de la región desde el año 2015. Según las estimaciones para 2026, las deducciones van a suponer un ahorro de 390 millones de euros.