El Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido ya este miércoles la carta en la que ha solicitado al Ejecutivo central la convocatoria, para este mismo mes de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el acuerdo para la financiación singular de Cataluña.
En la rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha confirmado que la Junta de Comunidades ya ha remitido la carta para solicitar la convocatoria urgente de este órgano, aunque ha reconocido que «cuando se mandan, tardan en contestar cuando contestan».
Sobre el fondo del asunto, Padilla ha recalcado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no puede admitir un modelo de financiación que no está pactado entre todas las comunidades autónomas y que además «establece privilegios para una de ellas» y ha apelado a cumplir los principios de solidaridad e igualdad que están recogidos en la Constitución.
«Es una línea roja que no vamos admitir. Vamos a pelear con ahínco para que este atropello que rompe los principios de igualdad y solidaridad no salga adelante», ha declarado Padilla, que ha subrayado que los socialdemócratas siempre han defendido que «pague el que más tiene, los ricos, las multinacionales, los bancos», un planteamiento que «es lo que siempre ha defendido el Gobierno» central.
Por ello, ha lamentado que «lo que no puede ser es que cuando los ricos son de Cataluña, como lo piden los independentistas, se garantiza que sigan siendo más ricos».
Padilla ha subrayado que Castilla-La Mancha va a reiterar su posición contraria al acuerdo con Cataluña «aunque a veces sea difícil y aunque a veces no se entienda» y ha resaltado que no solo se muestran contrarios gobiernos autonómicos, como también el de Asturias, sino que también los inspectores de Hacienda han emitido un informe contrario a la financiación singular.
En su informe, tal y como ha advertido Padilla, los inspectores de Hacienda alertan de que el acuerdo firmado «dinamitaría el sistema redistributivo del país e incumple principios constitucionales» y supondría que todos los contribuyentes ser vieran perjudicados en los servicios que se les presta.
Padilla ha citado que el informe incluso alerta de que si este sistema se extendiera a otras comunidades autónomas, «el Estado desaparecería, ya que no dispondría de fondos para financiar sus funciones».
A su juicio, son «argumentos graves y contundentes» para que el Gobierno central se los tomen en serio «y no se hagan caso a todo lo que piden los independentistas».
