La Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) ha presentado en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid dos querellas por «trabajo esclavo» que presos republicanos, vecinos de esta localidad, sufrieron durante la dictadura franquista, uno de ellos construyendo la presa de Pálmares de Jadraque (Guadalajara).
Los descendientes de Juan Benlliure y Willy Meyer, detenidos, juzgados y condenados en consejos de guerra, han presentado querellas criminales en la Sección de Instrucción de los Tribunales de Instancia de Sigüenza (Guadalajara) y Montijo (Badajoz), respectivamente.
El objetivo, según han explicado en una rueda de prensa, es enjuiciar a aquellos oficiales que dirigieron los destacamentos penales en los que Benlliure y Meyer tuvieron que desarrollar «trabajo esclavo», según Ceaqua, en las mencionadas localidades en la posguerra, entre 1942 y 1943.
Condenados por defender la República
Estos vecinos de Rivas fueron condenados por auxilio a la rebelión. Además de pasar por diferentes prisiones, «se vieron obligados, como prisioneros y presos del ejército franquista, a desarrollar trabajo esclavo», han asegurado desde la Coordinadora.
Benlliure fue destinado a la construcción de la presa de Pálmaces de Jadraque (Guadalajara), mientras que Meyer fue a parar a la construcción del canal de riego del Guadiana en Montijo (Badajoz).
El nieto de Meyer, que tiene su mismo nombre, Willy Meyer, ha precisado que su abuelo luchó como capitán de ingenieros en la defensa de Madrid. Terminó condenado a muerte, pena conmutada por 30 años y un día de prisión y, más tarde, destinado a colonias penitenciarias en Montijo y Tudanca.
«Esta querella pretende señalar a los responsables de ese crimen de lesa humanidad, que no prescribe», y «esclarecer la responsabilidad de los responsables militares, pero también a las empresas que se lucraron gracias a ese trabajo esclavo de miles de personas».
La nieta de Benlliure, Yolanda Martín, ha reseñado que su abuelo fue miembro fundador de la colectividad agraria de su pueblo natal, Tendilla (Guadalajara). Detenido en octubre de 1939, terminó acusado de auxilio a la rebelión y condenado en consejo de guerra a 20 años de prisión.
Martín ha asegurado que el «trabajo esclavo» fue «una de las medidas más calculadas por la dictadura franquista, con la que se buscaba descongestionar las cárceles abarrotadas al terminar la guerra y obtener mano de obra prácticamente gratuita para la reconstrucción» de diferentes infraestructuras.
A la espera de la admisión judicial
Por su parte, el abogado de Ceaqua Jacinto Lara ha detallado que en estos campos de trabajo «se mantenían unas condiciones de vida absolutamente deplorables» y que los presos «tenían que desarrollar sus trabajos en unas condiciones infrahumanas».
Además, el letrado ha subrayado que lo primero será esperar el pronunciamiento por parte de los juzgados sobre la admisión a trámite de las dos querellas. Si no, recurrirán hasta llegar al Tribunal Constitucional, sin obviar la posibilidad de elevar el caso hasta instancias internacionales.
Por otro lado, Lara ha criticado que la Ley de Memoria Democrática aprobada hace tres años «no ha habilitado que se dicten procedimientos judiciales en virtud del sistema penal para la investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo y la Transición».
Por su parte, la integrante de Ceaqua Rosa García ha apostillado que estas querellas se presentan enmarcadas en su campaña «50 años de impunidad (1975–2025). Ni uno más».
Esta represaliada por el franquismo ha recordado que ya son unas 120 las querellas presentadas en el conjunto del Estado español exigiendo la investigación judicial de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición.
La alcaldesa del municipio, Aída Castillejo, ha remarcado que lo que han presentado hoy «no es solo un acto jurídico, sino un acto de memoria, de dignidad y de justicia».
