El proyecto promovido por la empresa Aviagen S.A.U. para implantar cinco macrogranjas avícolas industriales en el término municipal de Maranchón (Guadalajara), incluyendo dos granjas en Maranchón, una en la pedanía de Clares y dos en la de Turmiel, ha recibido más de 300 alegaciones.
El plazo de presentación de alegaciones dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada de este proyecto ha finalizado este miércoles, tal y como ha informado la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa en nota de prensa, en la que ha señalado que durante el periodo de información pública se ha registrado «un auténtico aluvión de alegaciones».
En concreto, han sido más de 300 escritos presentados ante la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
En las mismas se solicita una resolución ambiental desfavorable al conjunto del proyecto.
Las alegaciones, impulsadas principalmente por la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa, «han sido suscritas masivamente por vecinos», según esta plataforma, que ha señalado que estos escritos han llegado especialmente desde Turmiel, así como de Maranchón, Clares y otros municipios de la comarca, además de asociaciones y organizaciones ecologistas preocupadas por «el grave impacto ambiental y social que estas instalaciones podrían provocar».
Uno de los ejes centrales de estas alegaciones, según la plataforma, es la denuncia del fraude de ley en la tramitación ambiental, pues han argumentado que aunque Aviagen ha presentado las cinco granjas como proyectos independientes, todas comparten promotor, cronograma, tecnología, logística y localización coordinada.
Según esta plataforma, esta fragmentación artificial impide valorar adecuadamente los efectos sinérgicos y acumulativos del conjunto, contraviniendo la legislación ambiental vigente.
«Esta irregularidad ha sido también señalada en el informe técnico emitido por la Diputación de Guadalajara, incorporado al expediente como parte del procedimiento de evaluación ambiental, que insiste en que la valoración debe hacerse de forma conjunta y global», ha señalado dicha plataforma.
Además, las alegaciones destacan otras «carencias graves» del expediente, entre ellas la ubicación en espacios naturales protegidos, incluidos en la Red Natura 2000 y en zonas ZEPA/ZEC de alto valor ecológico y paisajístico, sin haber realizado un estudio de localizaciones alternativas fuera de este espacio protegido.
También existe falta de garantías en el suministro hídrico, al no constar autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro para la captación de aguas subterráneas; y los riesgos para la salud pública y el bienestar animal, derivados de emisiones contaminantes, acumulación de purines y residuos, y posibles resistencias antimicrobianas, ha apuntado la plataforma.
Por último, han advertido del «dudoso impacto socioeconómico positivo», al tratarse de un modelo altamente automatizado, con mínima creación de empleo y sin capacidad real para fijar población.
Frente a este panorama, la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha hecho un llamamiento a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que «escuche a la ciudadanía, actúe con responsabilidad y emita una resolución ambiental desfavorable».
“La comarca necesita políticas valientes que apuesten por un modelo de desarrollo sostenible, no más amenazas al agua, al paisaje y a la salud del medio rural”, ha concluido el colectivo.
