El exalcalde de Chiloeches entre 2011 y 2015, César Urrea (PP) ha asegurado en su declaración como acusado de un delito de prevaricación administrativa medioambiental vinculado con el incendio en una planta de residuos peligrosos de Chiloeches (Guadalajara) que el «jamás» tuvo trato de favor alguno en la tramitación de los expedientes a las empresas gestoras, y que tampoco ha obtenido ningún beneficio por parte de ninguna de ellas por el hecho de que colaboraran económicamente con los festejos del pueblo.
Así lo ha puesto de manifiesto el que fuera alcalde de Chiloeches en la vista oral que se sigue en la Audiencia de Guadalajara, donde declara como investigado y para quien se piden cinco años de prisión y catorce de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como una multa de 32 meses de multa a razón de 20 euros diarios con responsablidad personal subsidiaria de 16 meses de prisión.
En su declaración, que se ha prolongado cerca de dos horas al igual que algunos de los acusados que han declarado anteriormente, Urrea ha asegurado en todo momento que él actuó en su cometido tanto cuando fue concejal de Urbanismo como posteriormente cuando fue alcalde, de acuerdo a los informes de los técnicos y el funcionario municipal de forma que si son favorables se autoriza y si son desfavorables, no se autorizan, ha precisado, negando toda responsabilidad en ello.
Urrea ha negado también en su declaración que él hiciera la vista gorda con las inspecciones a esta planta, al igual que cualquier influencia en la Junta Local del Ayuntamiento para que votaran por unanimidad a favor de la licencia de actividad de obras, y ha manifestado que se quedó «asustado y perplejo» cuando se enteró de la gran actividad que había realmente en esta planta de residuos ya que él tenía conocimiento de que era por una cantidad más limitada.
A preguntas del Ministerio Fiscal sobre su etapa como concejal de Urbanismo a partir de 2001, antes de ser alcalde, sobre los permisos que se dieron desde el Ayuntamiento a Kuk Medioambiente, el entonces alcalde ha coincidido con otros ex altos cargos que ya han declarado en esta vista, que el actuaba en base a los informes favorables de los técnicos municipales y que, en todo caso, no tuvo conocimiento en ningún momento de que en la planta de Chiloeches se estuviese cometiendo ninguna ilegalidad. «Nadie me comunicó nada de este expediente y no sé nada hasta junio de 2011 y el competente era el alcalde», ha afirmado.
Pero en 2012 pasaría a ser el alcalde y en este sentido ha apuntado no tener «ninguna sospecha» de que ni en KuK ni tampoco después Layna
–empresa esta última a la que Kuk había arrendado gran parte de las instalaciones para gestionar residuos– hubiera nada ilegal, insistiendo sobre la situación irregular de varias naves que había que legalizar, que siempre se basó en los informes favorables» de los técnicos porque se fiaba de ellos.
«Los técnicos me presentan los informes favorables y con ellos se vota a favor. No sé si algún funcionario se ha dejado algún expediente en el tintero o han cometido algún error», ha apostillado tras insistir en que él no es quien redacta los documentos.
«ME SORPRENDIÓ ESA BESTIALIDAD ARDIENDO»
También ha negado tener informe alguno que dijera que allí se estaba haciendo otra actividad para la que no tuvieran permiso y ha asegurado no tener constancia de que en la planta se manejaba la cantidad de residuos que ha comprobado que ha llegado a tener, hablándose de unas 50.000 toneladas frente a las 1.500 aproximadamente que supuestamente se contemplaban.
«Me quedé asustado y perplejo lo que había allí cuando realmente la actividad era casi muy poquita o nada. No daba crédito. Me sorprendió esa bestialidad ardiendo», ha añadido.
A preguntas concretas de su letrado ha asegurado que el nunca ejerció como alcalde con bastón de orden y mando ni tampoco influyó en las decisiones de la Junta de Gobierno para que votaran por unanimidad la licencia de actividad.
DESCONOCIMIENTO DE KUK
Acto seguido, Francisco Fernández G., representante de la empresa Kuk Medio Ambiente, titular de las instalaciones, ha prestado declaración como acusado del delito de participación en grupo criminal, por el que se le piden dos años de prisión, y otros siete por otro delito agravado de gestión peligrosa de residuos o contra el medio ambiente, a lo que se suman siete más por explotación de instalaciones peligrosas.
Fernández parecía mostrar bastante desconocimiento de lo que se hacía en la planta pese a su responsabilidad en la misma, algo que al propio Ministerio Fiscal le ha resultado «increíble» dada su condición en la compañía.
El gerente ha apuntado que, pese a su responsabilidad, él siempre se guiaba y dejaba aconsejar por su servicio jurídico y que se fiaba de su equipo.
Tras firmar en marzo de 2015 un contrato de alquiler con el Grupo Layna para que gestionara también residuos en su planta , a raíz de que el trabajo de Kuk se hubiera reducido bastante, ha reconocido que llegó un momento que empezó a ver un desfase entre el volumen de entrada y de salida y que fue ahí cuando empezó a preocuparse y a querer finalizar el contrato que habían suscrito.
«Me preocupaba que no encontraba una equiparación entre el volumen de entrada de residuos y de salida de residuos y, como no cuadraba, les presione para que sacasen los residuos porque no entendíamos donde estaban», ha dicho. De tal forma, que como no le daban solución, meses antes del incendio de agosto de 2016 llegaría finalmente a un acuerdo para que Layna se marchara.
Y fue cuando, según Fernández, puso en ese brete a los de Layna, pues ha admitido haber recibido ciertas presiones por parte de esta gestora aludiendo a su vinculación con algún alto cargo.
Finalmente suscribieron el acuerdo por el que Kuk se comprometía a sacar unas 15.000 toneladas residuos que había en la planta y recibía 300.000 euros de indemnización por parte de Layna.
Fernández ha negado también en su declaración cualquier trato de favor a Urrea y a preguntas de su letrado ha dejado entrever que el incendio pudiera haber sido provocado, desvinculándose de que se hubiese podido producir por la cantidad de residuos que había allí en ese 26 de agosto de 2016.
Una vista compleja y larga que continuará este martes con la declaración de nuevos acusados y por la que, además de los acusados, pasarán en los próximos meses unas 160 personas entre testigos, y peritos.
