Los sindicatos del sector penitenciario se han concentrado este viernes ante la cárcel de Cuenca en rechazo a la agresión sufrida por un funcionario a manos de un interno en este centro penitenciario, y han anunciado que están estudiando denuncias penales tanto contra el agresor como contra los responsables de la administración que decidieron trasladarle a una cárcel sin medidas de seguridad acordes a su peligrosidad.
Alrededor de un centenar de trabajadores y representantes sindicales se han concentrado ante las puertas del centro penitenciario, para exigir «respeto» y denunciar el «desamparo» en que se encuentran los funcionarios de prisiones.
El responsable nacional de ACAIP-UGT, José Ramón López, ha criticado, en declaraciones a los medios, que se decidiese derivar a ese interno «de la máxima peligrosidad y que tenía que estar en un departamento cerrado, de aislamiento y con medidas de seguridad extremas» a la prisión de Cuenca, que no dispone de instalaciones para ello.
Ha anunciado que han pedido a los servicios jurídicos que el sindicato se persone como acusación particular contra el agresor, en lo que ha calificado como «un intento de homicidio», y también se estudie presentar una denuncia penal contra los responsables penitenciarios que decidieron que fuera trasladado a Cuenca.
También está estudiando medidas judiciales el sindicato CSIF, cuyo responsable de Prisiones, Jorge Vilas, ha lamentado el «desamparo» en que se encuentran los trabajadores del sector, «cuando un conductor de autobús o un maestro es agente de la autoridad, y nosotros no».
Ha exigido al ministro del Interior un «desbloqueo» de la legislación penitenciaria que mejore las condiciones y la seguridad de los trabajadores.
Por su parte, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias de CCOO, Silvia Fernández, ha denunciado que los funcionarios de prisiones son los que sufren la mayor parte de las agresiones cada año, «una media de una al día», y ha exigido que se «depuren responsabilidades» por lo ocurrido en el centro penitenciario conquense.
Fernández ha reclamado más políticas de «prevención» y que el presupuesto de 2022 se destine a mejorar las condiciones de estos trabajadores.
Los sindicatos afirman que, según el Portal de Transparencia, faltan alrededor de 4.000 empleados en las cárceles de toda España, y en casos como el de Cuenca además de la plantilla está «muy envejecida».
López ha explicado a los medios que el funcionario agredido se encuentra «recuperándose en su casa», pero sostiene que la herida quedó «a un centímetro de la yugular», y ha pedido el cese del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
