El Defensor del Pueblo recibió en 2020 un total de 76 quejas procedentes de la provincia, el 7,62% de las emitidas por la comunidad autónoma. Se superó la cifra del año anterior, pero sigue siendo el territorio castellano-manchego que acude con menos frecuencia a esta institución.
Francisco Fernández Marugán está en estos momentos al frente el Defensor del Pueblo, institución que defiende os derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. Su mandato dura cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad.
Entre las peticiones de mediación Defensor del Pueblo ante las comunidades autónomas aparece una queja por una interrupción del suministro eléctrico que afectó a los términos municipales de Villalba de la Sierra y Cañamares, un caso que se dio por cerrado cuando la Administración regional informó de que las inversiones realizadas para consolidar el suministro en estos pueblos de la Serranía de Cuenca.
El informe del Defensor del Pueblo desvela también que se instó a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a valorar la necesidad de ampliar la cobertura del servicio de transporte escolar al conjunto de alumnos de enseñanzas de bachillerato y de formación profesional que se vean obligados a desplazarse a otros municipios. La respuesta de la Consejería de Educación fue que la finalidad del transporte escolar es garantizar el servicio en las etapas de enseñanza obligatorias y que fuera de estos niveles se permite el uso de estos autobuses de manera excepcional. En cualquier caso, el Defensor insistió en que se podría ampliar este servicio a las etapas no obligatorias como medida «compensatoria y social de particular interés».
Por otro lado, el Defensor metió al Ayuntamiento de Cuenca en su listado de administraciones entorpecedoras o no colaboradoras, que son aquellas que no responden a las solicitudes del órgano fiscalizador después de tres requerimientos. El 24 de junio de 2020 le solicitó información sobre el impedimento, por error, del pago informático de una multa. El tercer requerimiento el 28 de diciembre y finalmente, la respuesta llegó el 18 de febrero, lo que ha permitido al Consistorio de la capital salir de la pizarra de alumnos que no se portan bien del Defensor del Pueblo, que también le dedicó un recordatorio de que tiene el deber de responder en tiempo y forma a las solicitudes que le hayan sido formuladas.
Sigue en ese listado el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey, que acumula tres peticiones de información de la institución: por filtraciones de agua en una vivienda, irregularidades en la prestación de servicios públicos y ocupación del acceso a una finca. Este Consistorio recibió los las solicitudes de información en el año 2019 y los requerimientos entre julio y septiembre. A día de hoy, sigue en la lista de Administraciones Entorpecedoras junto a Priego, que forma parte de los ayuntamientos señalados desde el año 2018 por no responder una cuestión sobre el estacionamiento de las personas con movilidad reducida. Recientemente también ha sido incluido en la lista el Ayuntamiento de Villanueva de la Jara, que en febrero de este año recibió el tercer aviso por una solicitud relacionada con captación de información masiva en el municipio.
En el apartado de resoluciones, el Defensor del pueblo emitió sendas sugerencias a los ayuntamientos de Salvacañete y Villarta y una recomendación al Ayuntamiento de Cuenca, el pasado mes de septiembre, para que modificara el Reglamento Orgánico Municipal con el fin de reorganizar los turnos de palabra en los plenos para que el grupo ponete tenga una intervención para cerrar el debate.
Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública española o sus agentes, presuntamente irregular. También puede intervenir de oficio en casos que lleguen a su conocimiento aunque no haya queja de por medio.
El coronavirus también ha tenido sus efectos en el trabajo del Defensor del Pueblo, donde a lo largo del pasado año llegaron un buen número de cuestiones relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, se solicitó información sobre los efectos del virus en las residencias de mayores y se instó al reconocimiento de la Covid-19 como enferemedad profesional.
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