La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un activo ciberdelincuente que se encontraba fugado de la Justicia, sobre el que constaban trece reclamaciones judiciales en vigor dictadas por diferentes juzgados del territorio nacional –entre ellos los de Ciudad Real y Guadalajara– por la presunta comisión de delitos de estafa y usurpación de estado civil.
La investigación se inició a finales del pasado mes de mayo, a raíz de una denuncia presentada en las dependencias de la Policía Nacional de Murcia en la que la víctima afirmó que había sufrido un presunto fraude de carácter cibernético a través de internet, según ha informado el Cuerpo.
El ‘modus operandi’ del investigado consistía en obtener de forma ilícita datos personales de terceras personas. Con esta información de ciudadanos anónimos, el presunto estafador formalizaba la apertura de cuentas bancarias de gestión online a cambio del pago de pequeñas cantidades de dinero.
Posteriormente, estas cuentas abiertas a nombre de otros titulares eran utilizadas por el detenido como herramienta operativa para la recepción directa del dinero procedente de los fraudes que cometía a sus víctimas.
Una vez que los fondos se encontraban depositados en estos depósitos puente, el presunto delincuente procedía a transferir el capital a otras cuentas de su propiedad o a retirarlo en efectivo a través de cajeros automáticos para dificultar su rastreo.
REQUERIDO EN OCHO PROVINCIAS
Tras avanzar en el proceso de identificación y análisis de los movimientos bancarios, los agentes de la Policía Nacional descubrieron que el sospechoso arrastraba un amplio historial de requisitorias pendientes.
En total, trece juzgados de diversos puntos de España reclamaban su localización por hechos de la misma naturaleza. Las reclamaciones procedían, en concreto, de órganos judiciales de Cantabria, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Valencia, Guadalajara y Oviedo, además de las emitidas en la Región de Murcia.
Ante esta situación, se desplegó un dispositivo específico de búsqueda y vigilancia que culminó con la localización y posterior detención del ciberdelincuente, que ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.
