La planta de tratamiento de residuos biosanitarios de Socuéllamos (Ciudad Real) que este lunes registró una explosión, en la que ha fallecido una trabajadora y otros dos empleados están hospitalizados, tenía un expediente sancionador abierto por parte de la Junta de Comunidades que, además, había denegado la ampliación de actividad.
La delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha señalado que la empresa había sido inspeccionada en varias ocasiones por la Junta y que contaba con un expediente sancionador abierto por infracción grave.
“No solo eso —ha añadido—, también nos comunicaron su intención de ampliar el volumen de producto a tratar y se les respondió que no estaban autorizados”, ha indicado Fernández.
Asimismo, ha explicado que la compañía había solicitado ampliar el plazo del proyecto de investigación bajo el que operaba, petición que también fue denegada por el Ejecutivo autonómico.
“Esa investigación ya estaba cumplimentada y, en todo caso, tenían que cumplir una serie de medidas complementarias detectadas como deficiencias en las actas de inspección y en el expediente sancionador”, ha afirmado.
Fernández ha recalcado que, por tanto, “esta actividad no contaba con los parabienes del Gobierno de Castilla-La Mancha” y ha recordado que la licencia de apertura es competencia municipal, motivo por el cual la Junta no dispone de información sobre ese trámite.
Por otro lado, la delegada de la Junta ha lamentador profundamente este accidente, en el que ha fallecido una trabajadora.
«Quiero acordarme de la familia de la trabajadora fallecida, porque tienen que estar rotos de dolor, y también de las familias de los dos heridos, que están en situación crítica. Les deseamos lo mejor y que se puedan recuperar, ojalá sea posible”, ha expresado Fernández.
La representante del Gobierno regional ha señalado que la investigación de las causas corresponde a la Policía Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que deberán determinar si existió algún tipo de negligencia o la presencia de productos o tratamientos no autorizados.
