La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los días 21 y 22 de octubre a cuatro personas acusadas de traficar con cocaína en los municipios ciudadrealeños de Daimiel y Valdepeñas, así como en Sant Celoni (Barcelona).
Los acusados fueron sorprendidos en el marco de una operación desarrollada por la Guardia Civil en estas localidades, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del ministerio fiscal consultado este viernes por EFE, que ha argumentado que desde octubre de 2017 los acusados habrían actuado de forma concertada dedicándose a la venta y distribución de cocaína.
Según la Fiscalía, el matrimonio formado por dos de los acusados presuntamente utilizaba su vivienda de Daimiel como punto de venta, mientras que el hermano de ella, que residía en Sant Celoni, se encargaba de suministrar la droga desde Cataluña.
Por su parte, la otra persona acusada proporcionaba la cocaína al matrimonio y también la distribuía en Valdepeñas.
Las investigaciones, llevadas a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil (EDOA) de Manzanares, culminaron el 19 de abril de 2018 con la entrada y registro en los domicilios de los cuatro acusados.
En las viviendas se intervinieron diversas cantidades de cocaína con distintos niveles de pureza, dinero en efectivo, básculas de precisión, teléfonos móviles, joyas y material para el envasado y distribución de la droga.
En el domicilio de Daimiel se hallaron más de 57 gramos de cocaína de alta pureza, mientras que en la vivienda en Sant Celoni se intervinieron más de 200 gramos de la misma sustancia y 90 gramos de resina de cannabis, además de miles de euros en efectivo.
En la vivienda de Valdepeñas se localizaron otras cantidades de cocaína y cafeína utilizadas para el corte, así como cartuchos del calibre 9 milímetros.
La Fiscalía ha considerado que los hechos constituyen un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, y pide para cada uno de los acusados penas de cuatro años y seis meses de prisión, además de multas que oscilan entre los 1.200 y los 27.000 euros y su expulsión del territorio español una vez cumplidos dos años de condena.
