La Mesa Trata Cero en Ciudad Real ha detectado hasta su última reunión celebrada en mayo un total de 39 víctimas de trata en la provincia, donde se han realizado 182 entrevistas y se han llevado a cabo 65 inspecciones en locales, clubes y pisos, que han permitido la detención de 18 personas en distintas operaciones.
El subdelegado del Gobierno, David Broceño ha dado a conocer este martes estos datos durante el acto convocado a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real en el que se ha dado lectura al manifiesto de la Mesa Trata Cero con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños.
El subdelegado del Gobierno ha explicado que todas estas víctimas han recibido atención y acompañamiento especializado gracias a la coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entidades sociales.
Broceño, en declaraciones a los medios de comunicación, también ha avanzado que el Gobierno trabaja en una ley abolicionista de la prostitución con enfoque de derechos humanos, destinada a combatir el proxenetismo, la tercería locativa y a desincentivar la demanda, incluyendo entornos digitales.
Además, ha dicho que «España ha excluido la prostitución de la clasificación de actividades económicas (CNAE) y no la reconocerá como actividad económica».
La Mesa Trata Cero, órgano semestral de coordinación que se ha reunido tras este acto, ha contado con la presencia de representantes de la Subdelegación del Gobierno, la Delegación provincial de Igualdad, la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género, el Ayuntamiento y la Diputación de Ciudad Real, Fiscalía de Extranjería, Guardia Civil, Policía Nacional, Instituto de la Mujer y organizaciones como Cáritas, In Género, Movimiento por la Paz, Médicos del Mundo, CEPAIM, Cruz Roja, Adoratrices, APLEC, Amar Dragoste y Opañel.
En la reunión se han abordado las acciones de detección, sensibilización y atención integral a víctimas de trata, así como los recursos habitacionales disponibles y la coordinación entre administraciones y organizaciones sociales para garantizar una respuesta eficaz ante este tipo de delitos.
