Esta mañana se ha presentado en la Diputación de Ciudad Real un proyecto pionero que ha permitido que la provincia cuente, desde el pasado mes de febrero, con la figura del facilitador judicial, una figura que acompaña a personas con discapacidad en los procedimientos que se dirimen en la Administración de Justicia. Esta iniciativa, desarrollada en coordinación y a instancias de la Audiencia Provincial y con la colaboración de la asociación Laborvalía, cuenta con una financiación de 30.000 euros por parte de la institución provincial, y ha permitido intervenir ya en trece procedimientos judiciales desde su puesta en marcha. Se trata de proyecto innovador que es inédito en las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en esta materia. La provincia de Ciudad Real es la primera provincia de España que presta este servicio sufragado por una Diputación
Este servicio se inspira en los principios recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas, que en su artículo 13 obliga a los Estados a garantizar el acceso igualitario a la justicia, incluyendo ajustes de procedimiento adecuados a la edad y a la situación de las personas con discapacidad. También se sustenta en el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que reconoce la necesidad de realizar las adaptaciones necesarias para asegurar la plena participación de estas personas en los procesos judiciales. Así lo ha explicado la vicepresidenta de Atención a las Personas, Encarnación Medina, quien ha presentado el acto.
Aunque la figura del facilitador aún no ha sido desarrollada formalmente por la Administración de Justicia, la Diputación de Ciudad Real, la Audiencia Provincial y Laborvalía han dado un paso decisivo al poner en marcha un proyecto que responde directamente a una demanda planteada al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, por la presidenta de la Audiencia Provincial, María Jesús Alarcón. El objetivo es garantizar que ninguna persona quede excluida de su derecho a la tutela judicial efectiva por razones de discapacidad.
La figura del facilitador está representada en este proyecto por una psicóloga especializada, que presta apoyo técnico y profesional a personas con discapacidad intelectual, del desarrollo, enfermedad mental o deterioro cognitivo. Tienen cabida, en definitiva, todas las personas que presentan cualquier tipo de discapacidad. Su labor se centra en adaptar los procedimientos a sus capacidades, facilitando la comprensión de lo que ocurre en cada fase del proceso, ajustando el lenguaje y los entornos, y promoviendo herramientas que permiten al usuario entender y ser entendido.
El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde Menchero, ha expresado su compromiso con esta iniciativa que refuerza la línea de trabajo de la Diputación en defensa de los derechos sociales y en favor de una justicia más humana, más comprensiva y plenamente accesible. Valverde ha subrayado que esta actuación construye igualdad desde la base y responde a una demanda real. Ha asegurado que va a suponer “un antes y un después en la construcción de una sociedad más inclusiva y más justa, de la que todos podamos sentirnos orgullosos”.
Ha agradecido expresamente la presencia del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez-Bueno, subrayando que su participación ha revestido el acto de una proyección nacional que refuerza el alcance de esta iniciativa. Y ha recordado que ya visitó la provincia hace apenas dos meses en el marco de un congreso sobre discapacidad y salud mental, también respaldado por la institución provincial, lo que demuestra -ha dicho- el firme compromiso con esta causa compartido entre administraciones y entidades sociales.
Valverde ha reconocido públicamente el trabajo de Laborvalía, agradeciendo a su presidente, Raimundo Alcaide, y a su gerente, Alfonso Gutiérrez, la implicación, la experiencia y la capacidad organizativa que han hecho posible el desarrollo del programa. Del mismo modo, ha expresado su gratitud hacia la presidenta de la Audiencia Provincial, María Jesús Alarcón, a quien ha atribuido el mérito de haber identificado con claridad la necesidad y de haber persistido con determinación en la búsqueda de una solución, incluso “teniendo que mendigar apoyos”. Para Valverde, ese gesto no es sino una muestra de compromiso y responsabilidad institucional.
Ha señalado que el programa funciona con eficacia y resultados tangibles, gracias a la colaboración estrecha entre todas las partes implicadas. Y ha explicado que la financiación de este servicio asciende a 30.000 euros, dentro de un convenio más amplio con Laborvalía que suma un total de 80.000 euros en 2025, al incluir también la atención jurídica a personas con discapacidad, un programa consolidado que venía desarrollándose con una dotación de 50.000 euros y que ahora se refuerza con esta nueva figura profesional.
En relación con los resultados, ha informado de que se han atendido 13 casos de facilitación procesal desde su implantación, además de haberse desarrollado seis acciones de divulgación, 22 sesiones formativas, con impacto directo en 690 personas con discapacidad intelectual, 86 profesionales de atención directa y 18 centros o servicios de la provincia. Ha destacado también cinco colaboraciones en el ámbito de la investigación, dentro de una unidad que, según ha dicho, apoya en cuatro pilares: intervención, formación, sensibilización e investigación.
Valverde ha afirmado que, aunque el presupuesto del programa no es muy elevado, sus efectos en la mejora del acceso a la justicia y en la transformación social son profundos. “Con un gesto presupuestario relativamente pequeño, como este, se puede conseguir un cambio real hacia una sociedad más inclusiva”, ha asegurado.
Ha reconocido el presidente de la Diputación que este tipo de actuaciones no solo deben enorgullecer a quienes ocupan cargos de responsabilidad, sino también al conjunto de representantes públicos. En ese sentido, ha señalado que este es uno de esos días en los que merece la pena estar al frente de una institución pública, por contribuir directamente a mejoras importantes.
Ha defendido, además, que la Diputación debe ser una administración capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas demandas sociales. “La Diputación de hoy no puede ser la misma que la de hace 25 años, porque la sociedad tampoco lo es. Este programa es un ejemplo claro de transformación institucional al servicio de los más vulnerables”, ha manifestado.
Valverde ha subrayado también el carácter pionero del proyecto, recordando que Ciudad Real se ha convertido en la primera provincia española que no tiene transferencias de la Administración de Justicia en prestar este servicio a través de una Diputación, cuando en otros territorios que tienen las transferencias el servicio ya es ofrecido directamente por las comunidades autónomas.
Ha concluido Valverde expresando su deseo de que esta medida sirva como referencia para otras administraciones, no con la intención de ser admirada, sino para ser replicada. “Ojalá otras diputaciones puedan seguir este ejemplo hasta que, como corresponde, sea la propia Administración de Justicia la que garantice este derecho”, ha añadido antes de remarcar que “este programa pretende ser referencia para que sea adoptado por otros territorios de España”.
Principio de igualdad
En el acto ha intervenido también la presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, María Jesús Alarcón, quien ha destacado que el sistema judicial necesita figuras como la del facilitador para avanzar en el cumplimiento real del principio de igualdad. Ha señalado que cada vez hay más conciencia sobre la necesidad de adaptar el lenguaje jurídico y los entornos procesales a las capacidades de cada persona, y este proyecto -ha señalado- representa un paso firme en esa dirección.
Alarcón ha remarcado, en este sentido, cómo la figura del facilitador es fundamental “porque es un derecho constitucional, porque si tengo el derecho a la tutela judicial real efectiva e igualdad de trato precisa de que la víctima o el investigado que acude a los tribunales lo haga en plano de igualdad”. Una figura, según ha querido dejar claro, “con un perfil neutral y formada para apoyar, es decir, para explicar, transmitir qué es lo que está diciendo el tribunal, el facilitador no toma decisiones el facilitador apoya”, ha remarcado.
Por su parte, el presidente de Laborvalía, Raimundo Alcaide Díaz, ha agradecido la colaboración institucional y ha resaltado que la experiencia acumulada en estos primeros meses confirma que el acompañamiento profesional del facilitador permite mejorar los procesos judiciales, proteger los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y evitar situaciones de desprotección.
Alcaide ha reiterado su agradecimiento a la presidenta de la Audiencia Provincial y su compromiso por hacerlo realidad, así como a la Diputación por apoyar «esta iniciativa innovadora que hace que tengamos una provincia más inclusiva, y de lo que podemos sentirnos muy orgullosos”, subrayando el deseo de que “ojalá todas las diputaciones pudieran reproducir este modelo”.
Un servicio que “es posible y factible”
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, se ha trasladado a Ciudad Real para avalar y poner en valor el carácter pionero del proyecto desarrollado en nuestra provincia. Ha afirmado que la figura del facilitador es una pieza clave para garantizar la igualdad efectiva ante la justicia de casi cinco millones de personas con discapacidad en nuestro país. También ha animado Pérez-Bueno a que esta iniciativa sirva como referencia para su extensión a otras provincias y comunidades autónomas.
Ha destacado el hecho de que la Diputación, la Audiencia Provincial y Laborvalía en una provincia como Ciudad Real hayan generado esta alianza que es de agradecer “por crear un valiosísimo precedente nacional que llevar al Ministerio de Justicia y a las administraciones autonómicas que tienen competencias de Justicia para decir que esta figura es posible y factible”.
Y ha explicado que, mientras eso llega, «hay buenos ejemplos, excelentes prácticas como la de hoy que es pionera, con carácter de innovación nacional en la que una administración local como la Diputación se implica más allá de sus obligaciones en dar apoyo, financiación en crear algo bueno para que las personas con discapacidad tengan garantizados sus derechos”.
“Agradezco profundamente esta conjunción de intereses para defender y proteger mejor a las personas con discapacidad de la provincia, y que podamos poner en boca de todos este ejemplo para que aquellos que todavía se resisten, que tiene que cumplir sus obligaciones tengan un buen modelo que seguir y que esta figura se regule a nivel nacional”, ha señalado.
Ha incidido, a este respecto, en cómo alrededor de esta figura existen unas condiciones básicas en los requisitos de acceso, la formación, pero también debe de haber una financiación permanente, adecuada y suficiente para que ese derecho de las personas con discapacidad a la Justicia “no sea una quimera sino una realidad”.
Cuatro ejes fundamentales
El proyecto se estructura en torno a cuatro ejes fundamentales: intervención directa con personas en procesos judiciales; sensibilización social a través de jornadas, encuentros y participación en actos públicos; formación especializada dirigida a profesionales del ámbito jurídico, sanitario y social; e investigación continua para el desarrollo de nuevas herramientas y metodologías que fortalezcan el rol del facilitador.
La Diputación de Ciudad Real vuelve así a situarse en la vanguardia de las políticas de inclusión social, contribuyendo a construir una provincia más justa, más accesible y plenamente comprometida con los derechos de todos los ciudadrealeños sin excepción.
