El Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real ha absuelto a un agricultor de 76 años, residente en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), que estaba acusado de un delito de incendio forestal por el que la Confederación Hidrográfica del Guadiana había pedido ocho meses de prisión y una responsabilidad civil que superaba el millón de euros.
Los hechos se remontan al 16 de octubre de 2020 cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil abrió diligencias para investigar un incendio forestal ocurrido en el paraje denominado ‘Flor de Rivera’, del término municipal en el que residía el acusado, que quedó extinguido un día después y que afectó a la ribera del río Guadiana y al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, acepta la tesis de la defensa de la existencia errores en la interpretación de los datos de dirección del viento facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y que implicaban que el fuego no pudo originarse en la parcela del acusado.
Asimismo, las fotografías aéreas y de satélite presentadas por la defensa ha llevado a concluir que ciertas labores agrícolas, interpretadas inicialmente por el Seprona como un intento de ocultar el origen del incendio, eran anteriores al mismo.
Durante el juicio la Confederación, a través de la Abogacía del Estado, se vio obligada a rectificar su petición inicial de responsabilidad civil y rebajarla de más de un millón a 139.000 euros, una disminución cercana al 90% en la valoración de los daños a la vegetación de ribera afectada en las proximidades del río Guadiana y el Parque Nacional que contrasta con la tasación de los peritos de la defensa, que situaron el coste en no más de 17.000 euros.
La sentencia de la juez critica el «desproporcionado error de cálculo» y el perjuicio causado al agricultor por el largo tiempo transcurrido hasta su advertencia, más de cuatro años, y destaca las graves consecuencias de este error para cualquier persona.
Por su parte, el abogado encargado de la defensa, Santiago Ballesteros, especialista en derecho de la propiedad rural medioambiental, ha explicado a EFE que la sentencia pone de manifiesto la «inconsistencia» de las pruebas de cargo y la «falta de rigor» en la cuantificación de los daños reclamados.
Ballesteros ha criticado el informe pericial de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) por su «incoherencia y errores» y que ha sido elaborado, a su juicio, por personal sin la cualificación adecuada.
Asimismo, ha calificado la situación del agricultor como de «indefensión terrible» y ha lamentado que se dieron por buenos datos que en realidad no lo eran, en un proceso de investigación demasiado rápido y fruto de la «escasez de medios materiales y humanos».
Los peritos de la defensa confirmaron «equivocaciones evidentes» en la cuantificación realizada por la Confederación, tanto en los cálculos como en la metodología y en la determinación del origen del incendio.
Durante la vista oral, varios testigos acreditaron también que el acusado se encontraba en su domicilio en el momento del suceso y las descripciones del único testigo ocular sobre un tractor azul y una furgoneta genérica no coincidían con los vehículos del agricultor acusado.
El abogado encargado de la defensa ha señalado que su defendido se vio arrastrado a un proceso en base a una cadena de errores, y ha destacado la exhaustividad de la sentencia al tiempo que ha advertido «la importancia de la presunción de inocencia y de un proceso con todas las garantías, y de no tomar como indicios lo que son meras conjeturas o suposiciones».
