La Guardia Civil investiga al propietario de una empresa de construcción como presunto responsable de una gestión irregular de residuos con amianto, tras localizar un almacén clandestino en la comarca toledana de La Sagra en el que se acumulaban más de 50 toneladas de residuos peligrosos. La investigación apunta además a que la mercantil habría manipulado de forma irregular más de 750 toneladas de materiales con amianto, poniendo en riesgo tanto la salud de sus empleados como el medio ambiente.
La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Illescas, que iniciaron las pesquisas tras recibir una denuncia sobre una nave industrial situada en la zona norte de La Sagra, donde se almacenaban de manera irregular residuos con contenido en amianto, principalmente uralita.
Las investigaciones permitieron determinar que la empresa realizaba trabajos de desmontaje de elementos con amianto en estaciones ferroviarias, naves industriales y asentamientos irregulares de las provincias de Alicante, Barcelona, Ciudad Real, A Coruña, Madrid, Murcia y Toledo. Según la Guardia Civil, los residuos no eran retirados conforme a la normativa, ya que no se aplicaban medidas obligatorias como el humedecimiento y encapsulado de las placas para evitar la liberación de fibras de asbesto durante su manipulación.
Los agentes comprobaron además que seis trabajadores accedían habitualmente al almacén clandestino y permanecían expuestos de forma continuada a las fibras cancerígenas del amianto sin contar con las medidas de protección y seguridad exigidas por la legislación.
Durante la investigación también se detectaron presuntas irregularidades documentales. Entre ellas, la remisión a la Administración de mediciones fraudulentas sobre la calidad del aire, realizadas en un lugar distinto al de los trabajos, así como la facturación de conceptos inexistentes. Asimismo, la documentación relativa al destino final de los residuos habría sido alterada para hacer constar su entrega en vertederos autorizados cuando, en realidad, permanecían almacenados en la nave investigada.
Como consecuencia de estos hechos, la Guardia Civil ha investigado al propietario de la empresa como presunto autor de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, contra el patrimonio y por falsedad documental.
