La muerte de un hombre este martes en el interior de un supermercado Mercadona de Albacete ha vuelto a abrir un debate que parecía haberse apagado hace apenas unos meses. Se trata de la segunda persona que fallece en un establecimiento de la cadena en Castilla-La Mancha en un corto espacio de tiempo, una circunstancia que vuelve a poner sobre la mesa si los supermercados deberían contar con desfibriladores externos semiautomáticos, aunque la legislación no les obligue a ello.
Tras lo sucedido, este grupo de comunicación se ha puesto en contacto con Mercadona para conocer si la empresa había modificado su política desde el anterior episodio. La respuesta de la compañía ha sido contundente: «Todo sigue igual». Es decir, sus supermercados continúan sin desfibriladores porque la normativa actual no exige su instalación en este tipo de establecimientos.
Dos tragedias similares en pocos meses
La muerte ocurrida este martes en un Mercadona de Albacete recuerda inevitablemente a otro suceso prácticamente idéntico registrado el pasado mes de marzo, cuando otro cliente perdió la vida tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el interior de otro supermercado de la misma cadena.
Aquella tragedia ya generó un intenso debate social sobre la conveniencia de que establecimientos con una elevada afluencia diaria de clientes dispusieran de desfibriladores externos semiautomáticos (DEA), independientemente de que no exista una obligación legal para ello.
Ahora, tras producirse un segundo fallecimiento de características similares en Castilla-La Mancha, la cuestión vuelve a cobrar actualidad.
Mercadona mantiene su postura
Fuentes de Mercadona han explicado a INFOCLM que no ha habido ningún cambio respecto a la situación existente tras el primer caso.
Desde la compañía recuerdan que los supermercados no están obligados por ley a disponer de desfibriladores, motivo por el que la política de la empresa permanece inalterada.
La importancia de actuar durante los primeros minutos
La parada cardiorrespiratoria constituye una de las principales causas de muerte súbita y el tiempo resulta determinante para aumentar las posibilidades de supervivencia.
Los expertos coinciden en que iniciar de forma precoz las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizar un desfibrilador durante los primeros minutos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando el ritmo cardíaco es susceptible de desfibrilación.
Diversos estudios médicos indican que la supervivencia aumenta considerablemente cuando la descarga se aplica durante los primeros tres a cinco minutos desde el colapso, mientras que cada minuto sin desfibrilación reduce significativamente las posibilidades de supervivencia.
Además, los desfibriladores externos semiautomáticos están preparados para ser utilizados por cualquier persona, incluso sin conocimientos sanitarios, ya que el propio aparato analiza automáticamente el ritmo cardíaco y únicamente permite administrar una descarga cuando resulta necesaria, guiando al usuario mediante instrucciones de voz.
La normativa de Castilla-La Mancha
La legislación vigente en Castilla-La Mancha establece la obligatoriedad de instalar desfibriladores en determinados espacios públicos y privados con unas características concretas, pero los supermercados no forman parte de los establecimientos obligados.
Por ello, cadenas de alimentación como Mercadona pueden operar legalmente sin estos dispositivos, aunque numerosas empresas y entidades privadas han optado por incorporarlos de manera voluntaria como medida adicional de seguridad para clientes y trabajadores.
Una inversión asumible para grandes compañías
El coste de un desfibrilador externo semiautomático resulta relativamente reducido para una gran empresa. Dependiendo del fabricante y de sus prestaciones, el precio suele situarse entre los 1.000 y los 2.000 euros, a lo que posteriormente habría que sumar el mantenimiento periódico y la reposición de algunos consumibles.
Una cifra que contrasta con la dimensión económica de Mercadona. La compañía cerró el ejercicio 2025 con unas ventas de 41.858 millones de euros y un beneficio neto de 1.729 millones de euros, los mejores resultados de su historia, según las cuentas presentadas por la propia empresa.
Aunque la normativa no obliga a instalar desfibriladores en sus supermercados, la repetición de dos tragedias similares en Castilla-La Mancha en apenas unos meses vuelve a abrir un debate que trasciende el cumplimiento de la ley y pone el foco en la prevención y en las posibilidades de salvar vidas en espacios por los que cada día pasan miles de personas.
