La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo lunes, 29 de junio, a O.C.P., un hombre residente en Puertollano acusado de dos delitos continuados de agresión sexual a la hija y una nieta de su pareja, ambas menores de edad, y por los que la Fiscalía solicita un total de 11 años de prisión.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado residía en la fecha de los hechos con su pareja en Puertollano. En ese mismo domicilio vivía la hija de la pareja del acusado, que tenía 14 años en aquel momento, y también solía frecuentarla una nieta, de 13 años.
La Fiscalía sostiene que ambas menores mantenían con el procesado una relación muy cercana y familiar, hasta el punto de que una de ellas se dirigía a él como «papá» y la otra como «abuelo».
En el caso de la menor que convivía en el domicilio, la Fiscalía sitúa uno de los episodios el 21 de enero de 2025, cuando, según su escrito, el acusado habría aprovechado que la niña estaba dormida para realizarle tocamientos.
Respecto a la segunda menor, la Fiscalía relata varios episodios similares durante fines de semana en los que acudía a la vivienda.
El Ministerio Público señala que la niña no contó inicialmente lo ocurrido por encontrarse bloqueada y confundida, y que fue el 22 de febrero de 2025, al conocer los hechos denunciados por la otra menor, cuando decidió relatar lo que presuntamente le había sucedido.
El escrito fiscal recoge que una de las menores sufrió trastorno de estrés postraumático, precisó primera asistencia médica y tratamiento psicológico continuado, con 30 días de perjuicio básico y secuelas valoradas. La otra menor sufrió daños psicológicos y morales que, según Fiscalía, no han sido valorados.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal pide para el acusado cinco años y seis meses de prisión por cada uno de los dos delitos, lo que suma una petición total de 11 años de cárcel.
La acusación solicita también una orden de alejamiento que prohíba al acusado aproximarse a las menores a menos de 1.000 metros o comunicarse con ellas durante un periodo superior en diez años a la pena de prisión que finalmente pudiera imponerse.
Además, Fiscalía interesa una medida de libertad vigilada durante 15 años, la obligación de participar en programas de educación sexual, la privación o inhabilitación para el ejercicio de derechos vinculados a patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante diez años, y la inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores durante el mismo periodo.
En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama que el acusado indemnice a una de las menores con 3.000 euros por daños morales y a la otra con un total de 9.000 euros, repartidos entre lesiones, secuelas y daños morales.
