La Guardia Civil ha investigado a siete personas –tres hombres y cuatro mujeres, con edades comprendidas entre los 24 y los 36 años y de distintas nacionalidades– como presuntas autoras, en distintos grados de participación, de delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Los implicados residen en las provincias de Ávila, Ciudad Real, Jaén, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.
La investigación, desarrollada por especialistas del Equipo de Delitos Tecnológicos y del Equipo @ de la Guardia Civil en La Rioja, se inició tras la denuncia presentada por una empresa y una entidad religiosa, ambas víctimas de una estafa mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC).
El BEC se basa en el acceso no autorizado a cuentas de correo corporativas de empresas, proveedores o directivos. Mediante esta intrusión, los ciberdelincuentes rastrean de forma silenciosa las comunicaciones para estudiar los procesos de facturación y los calendarios de pago.
En esta operación, los autores comprometieron las credenciales de acceso para infiltrarse en el flujo de correos entre las víctimas y sus proveedores habituales.
Tras analizar discretamente el intercambio de mensajes, detectaron el envío de una factura legítima; en ese momento, interceptaron el documento y sustituyeron el número de cuenta bancaria original por uno controlado por la organización.
Mediante este engaño, lograron que las víctimas transfirieran un total de 243.718 euros -repartidos en dos pagos de 124.868 y 118.850 euros- a cuentas gestionadas por la red criminal, creyendo que cumplían con sus obligaciones comerciales habituales.
Las diversas actuaciones permitieron a los agentes analizar la huella digital de los autores -incluidos accesos, direcciones IP y patrones de comportamiento-, así como realizar un exhaustivo seguimiento del dinero.
Este trabajo facilitó la identificación de una compleja red de cuentas bancarias utilizadas para canalizar y blanquear los fondos estafados.
La combinación de análisis técnico avanzado, inteligencia financiera y la estrecha colaboración con las entidades bancarias afectadas resultó determinante para bloquear los movimientos y lograr la recuperación íntegra del dinero estafado, evitando un grave perjuicio económico a las víctimas.
Las actuaciones, junto con los investigados, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
