El catálogo de elementos franquistas que el Gobierno prevé publicar antes de finales de noviembre para promover su retirada o resignificación, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, incluirá placas y monumentos, como el Valle de Cuelgamuros, pero también nombres de calles y de pueblos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el miércoles durante la sesión de control en el pleno del Congreso que el Boletín Oficial del Estado publicará antes de que acabe noviembre el catálogo de elementos y símbolos franquistas «para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles».
La Ley de Memoria Democrática de 2022 encomienda al Estado la elaboración de este catálogo en colaboración con el resto de administraciones públicas, como las comunidades autónomas, y con la posibilidad de incorporar también elementos que soliciten las víctimas del franquismo, sus familiares y asociaciones de memoria.
El catálogo estará en continua renovación y, de hecho, la propia ley prevé actualizarlo todos los años.
Monumentos franquistas de más de 20 metros de alto
Por el momento, el Gobierno solo da por seguro que en este catálogo estará incluido el Valle de Cuelgamuros, el mayor monumento franquista de España, que será resignificado a través de un concurso internacional de ideas cuyo ganador se conocerá en noviembre.
Más allá de este caso hay otros muy previsibles, como el Arco de la Victoria de Madrid, erigido entre 1950 y 1955 para rememorar el triunfo de Franco en la Guerra Civil, o el Monumento a la Victoria o Monumento a Franco, una fuente escultórica construida entre los años 1964 y 1966 en Santa Cruz de Tenerife.
Por el momento, y a falta del catálogo oficial del Gobierno, la recopilación de elementos franquistas corre a cargo de comunidades autónomas, ayuntamientos o iniciativas de colaboración público privada como la página web deberiadesaparecer.com, impulsada por la fundación Jesús Pereda de CCOO y que cuenta con subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Este proyecto, en marcha desde 2021, recoge en un mapa interactivo alrededor de 6.000 elementos franquistas, entre ellos diez monumentos que miden mas de 20 metros de alto, como los tres ya mencionados; la Pirámide de los italianos, en la provincia de Burgos; o el monumento a los héroes de España, en Melilla.
«Esta recopilación debería ser un trabajo de las instituciones», se queja a EFE Eduardo España, uno de los creadores de la página, que celebra que por fin vaya a haber un catálogo oficial del Estado.
Pueblos y calles con nombres franquistas
El abogado Eduardo Ranz, experto en memoria democrática, denuncia a EFE que no haya habido todavía ninguna sanción por parte del Gobierno contra elementos franquistas, ya que señala que para ello no es necesario esperar a la aprobación del catálogo, sino simplemente aplicar la ley de memoria.
En su caso, le llama la atención que se conserven alrededor de 4.500 placas del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda, con la simbología del yugo y las flechas.
Pero considera especialmente «sangrante» que siga habiendo seis pueblos de nombre franquista: Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Alberche del Caudillo (Toledo), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Alcocero de Mola (Burgos), Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y San Leonardo de Yagüe (Soria).
Con los nombres de las calles puede haber más dudas, según reconoce el propio abogado, ya que por ejemplo la Justicia decidió mantener el nombre de la calle Caídos de la División Azul, en la capital, pese a que el Gobierno municipal de Manuela Carmena aprobó en 2017 su cambio de nombre junto al de medio centenar de calles, en base a la ley de memoria histórica de 2007.
Las excepciones: motivos arquitectónicos o artísticos
La ley de 2022 deja claro que serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática todos aquellos que hagan una exaltación personal o colectiva del golpe de Estado de julio de 1936, de la dictadura franquista o de sus dirigentes.
Y cita la posibilidad de que sean edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualquier otro objeto adosado a un edificio público o situado en la vía pública.
También incluye entre los elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos a dirigentes y participantes de la sublevación militar, de la dictadura o de las organizaciones que la sustentaron.
La ley establece que deberán ser las propias administraciones públicas las que adopten las medidas oportunas para retirar dichos elementos, sin esperar a la elaboración del catálogo estatal, pero establece algunas excepciones.
Por ejemplo, si los elementos contrarios a la memoria democrática tienen aspectos artísticos o arquitectónicos protegidos por ley que obliguen a su mantenimiento, como una declaración de bien de interés cultural (BIC), no se retirarán pero deberá haber una mención para su resignificación o reinterpretación, como una placa explicativa.
