Ecologistas en Acción de Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones al borrador del reglamento de Caza sometido a información pública, y ha solicitado su retirada para abrir un debate más amplio y plural sobre la normativa.
En un comunicado, la organización ecologista ha criticado tanto la forma en que se ha tramitado como su contenido, que consideran «perjudicial para el medio ambiente y la ciudadanía», al tiempo que ha afeado que el decreto salió a participación pública en pleno verano, a su juicio para minimizar la atención de la opinión pública, y que ahora solo se han dado 20 días para presentar alegaciones.
Asimismo, ha señalado que los consejos provinciales de caza y el consejo regional se reunirán de manera «precipitada», con mínima presencia de organizaciones ambientales o científicas, lo que, según Ecologistas, es para asegurar un informe favorable «sin un debate amplio con todos los sectores afectados».
Respecto al contenido del reglamento, la organización ha alertado de que el texto favorece al sector de la caza en detrimento de la ciudadanía y otras actividades en el medio rural, al tiempo que ha criticado algunas medidas que incluye como la autorización a los titulares cinegéticos para cazar en vías públicas y pecuarias, así como la prórroga de tres años para usar munición de plomo en zonas cinegéticas de gestión pública.
El uso de esta munición, ha advertido, puede «contaminar la carne de caza y ocasionar graves riesgos para la salud», sobre todo de las personas más vulnerables.
También ha afeado que el reglamento intensifica la caza, genera «perjuicios» sobre el medio ambiente, las especies y los espacios naturales, incluidos los protegidos, así como sobre actividades educativas, deportivas, recreativas o turísticas; además de que «pone en riesgo la seguridad de las personas y el bienestar animal».
Custodia de la riqueza genética y prohibición de sueltas y tiradas de animales
En las alegaciones presentadas, Ecologistas en Acción propone medidas como la custodia de la riqueza genética de las especies autóctonas, la reducción del número de especies cazables y la restricción de modalidades de caza, en especial dañinas.
También ha solicitado prohibir las sueltas y tiradas de animales, establecer un periodo mínimo de parada biológica de ocho meses por coto, excluir animales domésticos de la normativa cinegética y prohibir métodos de control como lazos y cajas trampa.
Otras reclamaciones incluyen la prohibición de la munición de plomo, limitar la caza a personas mayores de edad, implantar medidas de bienestar animal en el empleo de animales para la caza, impedir la caza en vías públicas y pecuarias, y adoptar medidas para proteger la seguridad de las personas no cazadoras.
