El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado de «doblemente duro» que los hechos por los que se investiga al exministro Cristóbal Montoro ocurrieran en plena crisis que motivaron los recortes, «en esos momentos donde se le estaba pidiendo a la gente sacrificios y donde se estaba justificando lo injustificable».
En Talavera de la Reina (Toledo), donde este viernes ha inaugurado una empresa, el presidente castellanomanchego ha sido preguntado por los periodistas por la investigación a Montoro por un juzgado de Tarragona por favorecer presuntamente a empresas fabricantes de gases industriales, un caso que «con toda la cautela», pues aún está el caso en los tribunales, tiene «especial trascendencia» porque era «alguien que se dedicó a darle tijeretazos a los servicios públicos y este fenómeno supuesta corrupción se estaba produciendo en medio de unos inmensos dolores de recortes».
García-Page, que ha recordado que esos recortes se padecieron en Castilla-La Mancha «más que en ningún sitio» con la Presidencia de María Dolores de Cospedal en la comunidad autónoma, ha señalado que en España «hay un submundo» en cuanto a los lobbies, en el que habrá «como todo en la vida».
Los lobbies, un sector «más regulado» en otros países
«Hay que distinguir la gente que lo hace bien, que se comporta conforme a la ética y a las leyes, y aquellos que literalmente no lo hacen», ha reflexionado el presidente autonómico, que ha augurado que los lobbies «van a dar mucho que hablar en los próximos tiempos» en España, un sector que en otros países está «más regulado, más intervenido».
Para García-Page, los lobbies «forman un magma» que todos los miembros de la administración pública saben que «está ahí» y ha subrayado la necesidad de «saber aquellos que actúan ayudando a empresas para que las cosas vayan bien y de forma legal de aquellos otros que literalmente pasan del tráfico legal de influencias al tráfico ilegal».
Con todo, ha querido resaltar también que «en medio de tanto ataque» a la justicia y a las Fuerzas de Seguridad del Estado, se ha imputado a un exministro tras siete años de investigación, y ha incidido en que tiene importancia «que realmente en este caso se pueda decir que el sistema judicial no discrimina».
Asimismo, también ha pedido «una explicación clara de la formación política que amparó estas cosas y que no pueden de ninguna manera esconderse».
