El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado hoy su defensa de un modelo de financiación autonómica que garantice la igualdad entre todos los ciudadanos y el principio de solidaridad recogido en la Constitución Española. Así lo ha manifestado su portavoz Esther Padilla, quien ha advertido con rotundidad sobre las consecuencias de un modelo de financiación singular para Cataluña, que ha calificado como “una línea roja que no vamos a admitir”.
Durante su intervención ante los medios, Padilla ha explicado que el Gobierno regional ya ha remitido la carta anunciada por el consejero de Hacienda para solicitar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar la financiación de Cataluña y una política fiscal justa, un asunto que para el Ejecutivo de García-Page “es capital”.
En este sentido, ha subrayado que el modelo que se plantea “ni está pactado entre todas las comunidades autónomas ni garantiza la igualdad”, y ha defendido el principio de solidaridad recogido en la Constitución como base del sistema de financiación. Por ello, ha reivindicado un modelo de redistribución de la riqueza “en el que pague más quien más tiene, como siempre hemos defendido desde una posición socialdemócrata: que paguen más los ricos, los bancos y las multinacionales”. Para el Ejecutivo autonómico, “no puede ser que cuando los ricos están en Cataluña y lo piden los independentistas, se les garantice seguir siéndolo”, ha sentenciado.
Además, ha recordado que este posicionamiento “no es exclusivo del Gobierno de Castilla-La Mancha, ni de Asturias, ni de Canarias: son los propios inspectores de Hacienda del Estado quienes han alertado de que este modelo dinamita nuestro sistema tributario e incumple los principios constitucionales”.
De hecho, según recoge el informe de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, al que ha hecho referencia Padilla, la implantación de esta financiación singular tendría “graves consecuencias”: los contribuyentes del resto del país verían deteriorados los servicios que reciben de la Agencia Tributaria, las comunidades autónomas dispondrían de menos ingresos para financiar sus servicios públicos, y si el modelo se extendiera, el Estado “no dispondría de fondos para financiar sus funciones”. Por tanto, la portavoz ha enfatizado que lo que subrayan los inspectores de Hacienda “no son opiniones políticas, sino argumentos jurídicos y técnicos contundentes. Nos estamos jugando mucho como país”.
En ese contexto, ha reiterado que el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá defendiendo su posicionamiento “alto y claro”, para evitar “este atropello, que afecta directamente a los castellano-manchegos y castellano-manchegas, aunque haya quien no entienda que seamos tan contundentes”.
