El Gobierno de Castilla-La Mancha ha exigido que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera durante el mes de julio y que no se espere «hasta después de verano» para conocer el acuerdo alcanzado entre el ejecutivo central y el de Cataluña, que ha calificado de «ambiguo».
Así se ha expresado este martes en rueda de prensa el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que reclamará por carta a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se convoque el Consejo «en los próximos días» para que el resto de comunidades autónomas puedan acceder a la documentación y expresar sus opiniones.
Ha demandado que «en lugar de contar con un documento que ha sido filtrado por los medios de comunicación, tengamos la documentación que lo sustenta» para poder analizarlo, y ha advertido de que a él no le gustan «los platos precocinados, sino estar en los fogones junto a mis colegas de otras comunidades autónomas, aún sabiendo lógicamente que discrepamos en algunos de los aspectos».
En cualquier caso, ha rechazado un documento que considera «sumamente ambiguo», y ha reconocido que existían unas mayores expectativas de concreción ya que se «entendía mejor» el acuerdo alcanzado hace un año entre el PSC y Esquerra Republicana.
Sí que se ha mostrado muy crítico con un documento que consagra un principio de ordinalidad «que acaba con la igualdad de oportunidades», y ha argumentado que Castilla-La Mancha rechaza «cualquier acuerdo que diga que quien más tiene, tiene derecho a mejores servicios públicos».
Un principio, ha recalcado Ruiz Molina, que «significa que todo lo que se lleve de más Cataluña es en detrimento del resto de comunidades autónomas y del propio Estado», y ha subrayado que llevan meses advirtiendo de que este acuerdo era «injusto» y que lo que pretende el independentismo «no es tener más, sino tener más que los demás».
Otro de los puntos que ha rechazado es la posibilidad de extrapolar al resto de regiones un acuerdo que se ha fraguado en una reunión bilateral, sin las demás comunidades autónomas, y ha añadido «qué menos que nos hubieran escuchado al resto».
En todo caso, Ruiz Molina ha alertado de que, en el «dudoso» supuesto de que el resto de regiones se acogiesen a este modelo, se eliminaría «el papel que el Estado tiene sobre la redistribución de la renta y la cohesión territorial, que son las competencias básicas que tiene; es decir, que convertiríamos al Gobierno central en otra comunidad autónoma, que pediría al resto los recursos necesarios para financiar aquellos gastos que son comunes, como la defensa, la seguridad o la política exterior».
Para el consejero castellanomanchego, asumir este modelo «tan ambiguo» supondría «la desaparición del concepto de Estado tal como lo tenemos definido actualmente».
Asimismo, ha desechado las quejas de Cataluña por la infrafinanciación y ha recordado que sí existen cuatro comunidades autónomas que están «objetivamente» infrafinanciadas, y que son Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Andalucía.
Preguntado al respecto ha descartado la creación de un «frente común» y ha instado a tratar este asunto donde se debe, que es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Ha añadido que la urgencia en pedir una convocatoria del Consejo no se debe sólo a este acuerdo, sino también a la necesidad de conocer cuál es el volumen de las entregas a cuenta para el próximo ejercicio, ya que el objetivo del ejecutivo de Castilla-La Mancha es presentar el presupuesto en tiempo y forma para el 2026, y a este respecto «me gustaría hacerlo con cifras mucho más exactas».
