El Gobierno de Castilla-La Mancha atenderá a los menores migrantes a medida que vayan llegando a la región, a partir del mes de agosto, aunque ha advertido de que los centros están por encima del 95 % de ocupación y de que «no tenemos capacidad para más si no hay más recursos».
Así se ha expresado la consejera portavoz del ejecutivo, Esther Padilla, preguntada este miércoles al respecto en rueda de prensa en la que ha reconocido que esperan que la distribución de estos menores sea «poco a poco, porque si no va a ser inviable».
Ha manifestado que se atenderá a los menores a medida que vayan llegando, pero que «no tenemos capacidad para habilitar de repente un espacio con las medidas que además hay establecidas en la legislación», por lo que tendrán que recurrir a una «tasa de reposición» y que los menores vayan cubriendo plazas a medida que otros cumplen 18 años y van saliendo de los centros.
«Nada ha cambiado», ha apuntado Padilla, que también ha adelantado que al Ministerio «le cuesta mucho que lleguen y hacer la distribución», que espera sea paulatina.
Investigación del ATC
Por otra parte, Padilla ha mostrado su sorpresa porque no se hayan investigado «de oficio» los intereses económicos alrededor del proyecto para ubicar en Villar de Cañas (Cuenca) el almacén temporal centralizado de residuos nucleares (ATC).
La portavoz se ha referido a las palabras el lunes en Cabanillas del Campo (Guadalajara) del presidente Emiliano García-Page para recordar que hay informaciones publicadas «desde hace mucho tiempo» en medios que apuntan a que «el interés que puso Cospedal en que el basurero nuclear se instalase en Castilla-La Mancha no tenía nada que ver con los intereses de la región», pero sí con sus intereses políticos «para hacer mérito en Génova» o con intereses «incluso económicos» de «personas de su círculo».
Padilla ha reconocido que el Gobierno regional no tiene «más información que la publicada», pero sí ha apuntado que «sorprende que no se haya investigado ya de oficio».
