El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno interponer un recurso de inconstitucionalidad al real decreto-ley del Gobierno que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, y que supone la llegada de 500 niños a Castilla-La Mancha, por falta de financiación.
La consejera portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de que se ha dado luz verde a este recurso tras haber recibido el informe del Consejo Consultivo sobre este real decreto-ley, que «se ha aprobado sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno» y que «viene además sin compensación económica, sin financiación y, por lo tanto, pone en grave riesgo la garantía del interés superior del menor».
«No recurrimos para no atender. Recurrimos para atender dignamente a estos niños y contar con los recursos necesarios», ha argumentado Padilla, que ha reclamado 250 millones de euros para el conjunto de las comunidades para atender a los menores migrantes no acompañados.
En el caso de Castilla-La Mancha, Padilla ha informado de que la región atiende en la actualidad a 1.100 niños, de los cuales 550 están con familias de acogida y 560, en plazas del sistema de acogida, que está al 95,6 por ciento de ocupación. De esos 550 niños, 176 son menores migrantes no acompañados.
Padilla ha incidido en que el modelo de acogida de Castilla-La Mancha se basa en viviendas con personal especializado y que tienen capacidad para ocho o diez niños, en los que los menores reciben una atención integral y ha calculado que la llegada de 500 menores tendría un coste de 26 millones de euros solo para el área de Bienestar Social, ya que se deberían habilitar más recursos, sin contar los gastos de educación o sanidad.
«No es de agrado» recurrir el decreto
De este modo, ha incidido en que el Gobierno regional solicita al central que aporte financiación suficiente para atender «con dignidad» a los menores migrantes no acompañados, pues ha reconocido que «no es de agrado recurrir un decreto que es muy sensible», pero ha resaltado que «es imposible garantizar el bien superior del menor si no se pone el dinero necesario para atenderlo».
En este sentido, Padilla ha aseverado que si el Gobierno central, aunque hubiera aprobado el decreto sin acuerdo con las comunidades autónomas -como ha lamentado que ha sido el caso- pero sí lo hubiera acompañado de financiación, Castilla-La Mancha no lo habría recurrido, pero ha subrayado que «si no hay financiación, es imposible atenderlos y acusar al resto de otra cosa es una falacia».
De hecho, ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha es «el único» Ejecutivo autonómico que ha trasladado al Ministerio de Infancia una propuesta por escrito, que remitió en febrero, para «aumentar la colaboración, el nivel de compromiso y la solidaridad», pero ha lamentado que no ha habido respuesta a este documento, ya que «la única respuesta que hay es la aprobación de un decreto de manera unilateral y sin financiación».
Asimismo, ha abundado en que el Consejo Consultivo, en su informe elaborado a raíz de la petición de la Consejería de Bienestar Social, también considera que el real decreto supone una «imposición unilateral», que se ha producido un «flagrante quebranto del principio de coordinación» que debe establecerse entre el Estado y las comunidades autónomas, y que al afectar a derechos fundamentales como es el caso, debería ser una ley orgánica, no un decreto.
También cuestiona que sea un asunto «de carácter urgente» y si bien ha reconocido que es urgente, ha matizado que «no es imprevisible», pues ha señalado que la situación de los menores migrantes no acompañados se lleva abordando en conferencias sectoriales desde 2022.
Por otro lado, Padilla ha indicado que el Consejo Consultivo también considera que el real decreto invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de asistencia, protección y tutela de menores, al tiempo que le obliga a asumir gastos sin financiación.
«Se han encontrado millones suficientes para atender otras emergencias. Como mínimo 250 millones de euros para atender a estos menores es una cuestión de voluntad política, porque si hay dinero para otras cuestiones, lo tiene que haber para esto», ha exigido Padilla, que se ha preguntado que si «lo que se busca es la confrontación».
Así, ha precisado que los cien millones anunciados por el Gobierno central son solo para Canarias, Ceuta, Baleares y País Vasco, y ha añadido: «Si ponen el dinero sobre la mesa, ya veremos las que atendemos y las que siguen poniendo excusas».
«Estaremos donde estamos desde hace tiempo, acogiendo con dignidad, para atender situaciones de vulnerabilidad», ha apostillado Padilla, que ha rechazado que el modelo de acogida en Castilla-La Manca no pasa «por hangares ni naves», en alusión al proyecto que se barajó para la atención de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real.
