El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado una inversión de 13,2 millones de euros para reforzar la atención pública a personas con discapacidad intelectual, a través de tres contratos en centros residenciales de Albacete, Toledo y Ciudad Real. Así lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien ha destacado que estos acuerdos, “que suman una inversión importantísima”, son indispensables para continuar fortaleciendo la red pública de apoyo a las personas más vulnerables, así como “el modelo centrado en la calidad que opera en Castilla-La Mancha”.
Uno de ellos, según ha revelado la portavoz, está dirigido a la gestión integral del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) ‘La Piedra Encantada’ en Abengibre (Albacete), que cuenta con 40 plazas residenciales y diez de centro de día. El contrato, que supone un importe de más de 8,2 millones de euros, garantizará la prestación de servicios como apoyo personal, atención sanitaria, restauración, transporte adaptado, limpieza, lavandería o mantenimiento de instalaciones. El nuevo contrato tendrá una duración inicial de tres años a partir del 1 de diciembre de 2025, con posibilidad de prórroga por dos años más.
También se ha autorizado el contrato para la gestión integral de la residencia ‘Santa Teresa’ para personas con discapacidad intelectual en Villafranca de los Caballeros (Toledo), con una inversión de más de 3,1 millones de euros, según ha continuado Padilla. El nuevo contrato, que dará cobertura a 34 plazas residenciales, también garantizará servicios fundamentales de atención, alojamiento y apoyo. Tendrá una vigencia inicial de tres años desde el 1 de noviembre de 2025, prorrogable otros dos.
Padilla ha indicado también que el tercer acuerdo aprobado se refiere al contrato del servicio de restauración del CADIG ‘Guadiana’ en Ciudad Real, dotado con 1,9 millones de euros. Este servicio garantiza una alimentación saludable y adaptada a las necesidades de las 105 personas usuarias del centro, e incluye tanto a los residentes, como a las personas que utilizan el servicio de estancias diurnas, tal y como ha puntualizado la consejera. El nuevo contrato entrará en vigor el 1 de enero de 2026 por un periodo inicial de tres años, con opción a prórroga.
La portavoz del Gobierno de García-Page ha destacado que estos centros “responden las necesidades de quienes precisan apoyos específicos cuando su entorno familiar no puede proporcionarlos”, a la vez que permiten que “muchas personas con discapacidad vivan con dignidad y plenitud sin verse obligadas a abandonar su entorno».
Por último, Padilla ha incidido en que estos acuerdos no son sólo presupuesto, “son dignidad para miles de personas que hoy viven mejor”, porque, según sus palabras, “Castilla-La Mancha es una tierra que cuida, especialmente de aquellos y aquellas que más lo necesitan”.
