El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la propuesta del Ministerio de Sanidad para distribuir los créditos presupuestarios correspondientes al ejercicio 2025, por un total de 172.425.000 euros, destinados al desarrollo del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria.
«La mitad de estos fondos se van a repartir en las comunidades siempre y cuando se cumplan determinados compromisos», ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar el reparto de estos fondos.
Así, las comunidades autónomas deberán de cumplir cuatro requisitos antes del 31 de diciembre de 2025: publicar nuevas ofertas de empleo público en Atención Primaria; priorizar el nombramiento de especialistas de enfermeras especialistas en Atención Primaria; poner en marcha medidas para cubrir los puestos de difícil cobertura, y garantizar la estabilidad de todas las unidades docentes acreditadas.
«Así aseguramos que estos 172 millones van a parar aquellas comunidades que cumplen con unos requisitos mínimos a la hora de cuidar la Atención Primaria; queremos que esta inversión tenga un impacto real», ha afirmado la ministra quien ha recordado que Atención primaria es el «eslabón fundamental» del SNS y «necesita un refuerzo», que viene de la mano del Plan de Atención Primaria 2025-2027, aprobado en el Consejo Interterritorial con las comunidades autónomas.
Precisamente, esta propuesta será sometida a la aprobación definitiva del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Los fondos, que se reparten entre todas las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para Ceuta y Melilla, tienen como objetivo consolidar el desarrollo del Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 (PAPyC 25-27).
Este plan constituye la hoja de ruta estatal para fortalecer el primer nivel asistencial. Según garcía, entre sus objetivos se encuentran «poner al paciente en el centro», mejorar la relación médico-paciente, mejorar la atención domiciliaria y las condiciones laborales de los profesionales, así como las capacidades de los profesionales, «dándoles más tiempo, más recursos y más capacidad para poder brindar lo mejor de sus competencias».
Y, por último, «preparar la Atención Primaria para los retos que tenemos en las próximas décadas con una ampliación de los procedimientos diagnósticos y una renovación de los equipamientos y de las infraestructuras».
Sanidad señala que la dotación presupuestaria pretende impulsar la mejora de los servicios de Atención Primaria mediante distintas líneas de acción, como la ampliación de los procedimientos diagnósticos accesibles desde AP, con el fin de mejorar la capacidad resolutiva en este nivel asistencial.
Asimismo, se busca la optimización de procesos administrativos, reduciendo la carga burocrática del personal sanitario. También se quiere impulsar soluciones de inteligencia artificial orientadas a la transcripción conversacional en consulta, facilitando la labor clínica, así como la renovación de infraestructuras y equipamiento clínico, modernizando los centros de salud y dotándolos de los medios necesarios.
Otro de los objetivos es el fomento de las Escuelas de Salud para la Ciudadanía y de programas como el de Paciente Experto/a y Persona Cuidadora Experta, para fortalecer el autocuidado y la participación comunitaria.
Además, se espera que estos recursos sirvan para la implementación de programas de detección temprana de violencia de género en el ámbito de Atención Primaria, y también para la interoperabilidad de las historias de salud digitales, integrando la información entre Atención Primaria, Hospitalaria y Sociosanitaria.
Por último, tienen como objetivo fomentar proyectos orientados a garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud y la continuidad asistencial, para personas en situación de sinhogarismo con alteraciones o descompensaciones en su estado de salud, priorizando aquellas actuaciones que aborden la necesidad de un recurso habitacional como un determinante clave de la salud. Además buscan la vinculación con herramientas de recomendación de activos para la salud y recursos comunitarios desde la Historia de Salud Digital.
ANDALUCÍA, LA COMUNIDAD QUE MÁS DINERO RECIBIRÁ
Desde Sanidad han explicado que el 50 por ciento del crédito se reparte directamente a todas las comunidades y al INGESA en función de la población protegida, la superficie, la dispersión y la insularidad. El otro 50 por ciento, que seguirá los mismos criterios, se reserva para las comunidades que se comprometan a cumplir, antes del 31 de diciembre de 2025, algunos requisitos.
Entre estas condiciones, se pedirá las regiones la publicación de una nueva oferta de empleo público que incluya todas las categorías de Atención Primaria; la implantación de medidas para garantizar la cobertura de puestos de difícil cobertura, alineadas con lo acordado en el seno del CISNS; el nombramiento prioritario de enfermeras especialistas, promoviendo su incorporación efectiva al sistema sanitario y reforzando su papel en la atención integral, y acciones para garantizar la estabilidad del 100% de las unidades docentes acreditadas, asegurando la calidad de la formación de nuevos profesionales.
El Ministerio recalca que las comunidades que no acrediten documentalmente el cumplimiento íntegro de estos compromisos no podrán acceder al tramo condicionado de los presupuestos en 2026, en caso de existir crédito disponible.
«Estos 172 millones es un impulso extra, es un recurso extra que damos desde el Gobierno de España, sin olvidar que las comunidades autónomas tienen la competencia para gestionar todos los planes de Atención Primaria», ha señalado la ministra, que ha añadido que esta aportación «no sustituye en absoluto» a las competencias que tienen las comunidades autónomas que, ha añadido, «por supuesto tienen que seguir reforzando la Atención Primaria».
De este modo, Andalucía es la comunidad autonomía que más dinero recibirá, en total 30,9 millones de euros, entre el reparto fijo y el reparto condicionado. Le sigue Cataluña con 29 millones de euros; Madrid (25,2); Comunidad Valenciana (19); Galicia (11,8); Castilla y León (10,5); Canarias (8,8); Castilla-La Mancha (8); Aragón (5,6); Murcia (5,4); Asturias (4,5); Baleares (4,5); Extremadura (4,3); Cantabria (2,3); La Rioja (1,2), e INGESA 638.000 euros.
