Las Cortes de Castilla-La Mancha han apoyado, con el voto a favor del PSOE y en contra de PP y Vox, la implantación del canon del agua en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, así como han pedido que su desarrollo se haga con rigor y las bonificaciones previstas.
Durante un debate general este jueves en el pleno del Parlamento autónomico relativo a la implantación del canon del agua, el diputado del PSOE Fernando Mora ha defendido que este canon había que implantarlo porque si no, empezarían a «lloverle» sanciones de la Unión Europea a Castilla-La Mancha; así como ha destacado que es finalista y eso supone que lo recaudado repercutirá en la mejora de las infraestructuras para dar servicio de agua y depuración.
Según Mora, el PP ha llevado este debate al pleno del Parlamento autonómico con el argumento de que el canon del agua va a provocar un «caos» en la economía regional, para «ocultar» que está subiendo los impuestos en aquellos ayuntamientos que gobiernan como Puertollano, Daimiel, Villarrobledo, Guadalajara, Porzuna, Talavera y Toledo.
La oposición llama «impuestazo» al canon y advierte de su impacto en las familias
Por su parte, el parlamentario del grupo popular Santiago Lucas-Torres ha subrayado que el canon del agua es un impuesto y «un auténtico atraco a plena luz del día a los bolsillos de los ciudadanos y empresarios», así como ha reprochado al PSOE que tiene «mala conciencia» y por ello responsabiliza a Europa, que diga que se cobra en todas las comunidades autónomas cuando no se hace en la vecina Madrid y que lo «enmascare» al defender que es el más barato del resto de regiones pese a no ser verdad.
Lucas-Torres ha añadido que los ayuntamientos también soportan una carga que es «inasumible», sobre todo en aquellos municpios con menores recursos financieros y adminstrativos, y ha alertado de que dentro de unos años el Gobierno autonómico puede llegar a recaudar hasta 90 millones de euros por el canon del agua.
En cuanto al grupo parlamentario Vox, su diputado Francisco José Cobo ha considerado que hay que llamar a las cosas «por su nombre» y lo que denominan canon medioambiental es en realidad un «impuestazo» y, además, a su modo de ver «injusto» porque hace responsables a los ciudadanos del «desastre» de la situación de la red de infraestructuras hidráulicas de la región.
Además, Cobo ha advertido de que si bien en el ejercicio presupuestario 2025 el canon del agua supone una recaudación de 15 millones de euros, en 2026 esa cantidad podrá superar los 60 millones.
