El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha afirmado que el preacuerdo entre el PSC y ERC para ceder a Cataluña la gestión del cien por cien de sus ingresos no prosperará por ser anticonstitucional.
Críticas a la posible centralización de la política fiscal en Cataluña
Durante una rueda de prensa en la que presentó el techo de gasto estimado para 2025, Ruiz Molina bromeó sobre la posibilidad de que, si este acuerdo se materializa, los Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) serían convocados por la nueva consejera de Economía del Gobierno catalán, dado que Cataluña decidiría el presupuesto del resto de comunidades autónomas.
Ruiz Molina destacó la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica mediante una negociación inclusiva en la que participen «todas las comunidades autónomas» y sin otorgar «privilegios». Según él, el «concierto» pactado en Cataluña representa una ventaja injusta para esa región.
El consejero reiteró que Castilla-La Mancha seguirá abogando por un fondo transitorio de 3.000 millones de euros destinado a las comunidades autónomas infrafinanciadas, como Valencia, Andalucía, Murcia y la propia Castilla-La Mancha.
Rechazo al modelo de financiación propuesto para Cataluña
Ruiz Molina finalizó sus declaraciones subrayando el rechazo de Castilla-La Mancha a la idea de que Cataluña decida los recursos financieros de las demás comunidades, insistiendo en que el preacuerdo con el PSC sería un ataque al principio de igualdad establecido en la Constitución, motivo por el cual, en su opinión, este acuerdo no se concretará.
