El concejal del Grupo Municipal Socialista, Carlos Vega, ha defendido este martes «el II Plan de Modernización de la Policía Local» para dejar claro que «no fue una acción electoral como alude el gobierno del popular Carlos Velázquez, sino que venía negociándose desde octubre de 2022 avalado, incluso, por un informe técnico jurídico elaborado por profesores de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, además de contar con el apoyo unánime de todos los sindicatos en la mesa general de negociación».
Del mismo modo, Carlos Vega ha criticado «la actitud del alcalde y de su equipo de gobierno por querer confundir a la ciudadanía porque tanto él como su vicealcalde, José Manuel Velasco, tienen la suficiente formación jurídica para saber perfectamente que un reparo suspensivo no es lo mismo que un informe con observaciones».
En este sentido, el concejal socialista ha señalado que «el interventor del Ayuntamiento advirtió a Velázquez antes de elaborar el presupuesto de 2024, que había un déficit económico en seguridad ciudadana porque el crédito planteado era inferior al de los servicios extraordinarios de ejercicios anteriores. Y es que las guardias extraordinarias de policía y bomberos se habían presupuestado con 400.000 euros y 450.000 euros respectivamente, cuando todos los años superaban los 600.000 euros”.
Así, ha precisado que «el interventor, en su informe del 20 noviembre de 2024, insiste en modificar el sistema de turnos, cuadrantes y sustituciones, es decir, pide aplicar los acuerdos en el II Plan de Modernización de la Policía Local para reajustar y planificar, anualmente, esos servicios extraordinarios».
«Actitud irresponsable»
Por tanto, Carlos Vega ha calificado de «irresponsable» la gestión «del gobierno de Carlos Velázquez», quien «está engañando y no respetando a la Policía Local de Toledo: les da largas para no pagarles los servicios prestados durante 2023, no ha presupuestado las nuevas plazas acordadas para 2024, ni tampoco ha establecido partida alguna para la puesta en marcha del nuevo cuartel”.
Así, ha insistido que «las observaciones que el interventor realizó en noviembre de 2023 se la está haciendo al gobierno actual, al gobierno del PP y Vox, por lo que deben buscar una solución a lo ocurrido en 2023 y planificar un plan para 2024, y dejar de argumentar que es el interventor el que no les deja hacer su trabajo o asegurar que el II Plan de Modernización de la Policía Local no es legal, porque es mentira».
«Avalado por un informe técnico jurídico»
Ante esto, en la rueda de prensa ofrecida hoy, ha argumentado que «este plan no surgió como consecuencia de una reunión de dos con un café porque venían las elecciones, sino que llevaba desde el mes de octubre de 2022 negociándose. Además, para acercar posturas entre representantes sindicales y gobierno, se establecieron como mediadores profesores de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha, quienes elaboraron un informe técnico jurídico que avaló el plan en marzo de 2023».
Conscientes de que «existe jurisprudencia que avala este Plan de Modernización» y en base al «ordenamiento jurídico vigente, nacional y europeo», determinaron que «cualquier periodo de guardia localizada debe ser considerada como tiempo de trabajo».
«Observaciones favorables»
Mientras, el «23 de mayo» de 2023, «el interventor emite un informe con observaciones nunca reparos” en el que asegura que «este Plan de Modernización se ajusta a disposiciones legales y reglamentarias que son de aplicación” y señala que “la propuesta puede tener efectos positivos sobre los desajustes de plantilla que se presentan a la hora de confeccionar cuadrantes anuales”.
Como ha dicho Carlos Vega, «lo que pedía el interventor es una planificación y organización del servicio de la Policía Local al aumentar las actividades en la vía pública desde 2015, actividades de diversa índole: culturales, deportivas, sociales, etcétera».
Con estas «bases y avalado por estos informes», el 25 de mayo de 2023, «se firma el II Plan de Modernización de la Policía Local que busca reducir las guardias extraordinarias de manera efectiva y regula, entre otras cosas, el derecho a la desconexión digital, el aumento de la plantilla en tres agentes por año o la puesta en marcha de unas nuevas dependencias en la calle Dinamarca».
Ahora, ha dicho Carlos Vega, «le toca al actual gobierno aplicar y desarrollar este plan beneficioso para los agentes y también para la prestación del servicio en la ciudad. No han presupuestado lo suficiente en 2024 a pesar de las observaciones del interventor. Éste no dice que no se pague, lo que dice es que el gobierno del PP y Vox presupueste bien porque no se puede establecer 500.000 euros de partida cuando a final de año, te vas a gastar un millón».
