La Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, ha reclamado este jueves que se establezca una lámina estable de 1.000 hectómetros cúbicos en los dos pantanos, de los que se abastece el acueducto Tajo-Segura.
En una nota de prensa, la asociación ha considerado que la «aceptable» situación en la que están los dos embalses, que se encuentran al 35 % de su capacidad, es una oportunidad para la recuperación de los dos pantanos y no «para su expolio».
«Esa agua pertenece al Tajo y es necesaria para la gestión plurianual de los embalses», han considerado los municipios ribereños, que han apuntado que esta «ligera recuperación» de los pantanos no sólo se ha debido a un episodio «leve» de lluvias y nieve, sino a que el trasvase ha estado un tiempo cerrado.
Esta circunstancia, «ha hecho saltar las alarmas en el Levante, que cuenta con que esa agua pertenece al Segura y no al Tajo», ha añadido la asociación que aglutina a los municipios ribereños de los embalses de la cabecera.
El presidente de la asociación, Borja Castro, ha hecho hincapié en “la obligada necesidad» de cambiar urgentemente las reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura, al tiempo que ha valorado: «La oportunidad que se nos brinda no de ser nuevamente expoliados, sino de comenzar un nuevo ciclo de gestión sostenible, acorde a los retos a los que nos enfrentamos ya en este escenario de cambio climático».
Asimismo, ha defendido que los embalses son de gestión plurianual y que deben cumplir una función reguladora gracias a su capacidad para aguantar hasta cinco años de sequía.
Por ello, ha reiterado: «Reclamamos una lámina estable para satisfacer nuestras necesidades como cuenca cedente, como señala la ley, pero también para garantizar la demanda de consumo humano y la salud del Tajo con sus caudales ecológicos en los periodos de sequía que están por venir”, añade.
Castro ha demandado una gestión más eficiente «que no obligue a trasvasar agua cuando en el Levante tienen otras alternativas que funcionan y que nos permita crecer con un uso no privativo del agua, que es propiedad del Tajo, no de los regantes industriales», ha aseverado.
En este sentido, ha considerado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la sociedad en su conjunto «empiecen a tener en cuenta el coste social marginal de la agroindustria, a la hora de ponderar las repercusiones económicas del cierre o disminución del trasvase”.
Además, y en referencia a las últimas noticias sobre contaminación por nitratos del agua, el presidente de la asociación de pueblos ribereños ha dicho: «Es necesario que tengamos en cuenta esos perjuicios que el abuso agroindustrial repercute en el patrimonio de todos los españoles, para que la balanza sea justa».
