Un guardia civil destinado en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) se enfrenta a cuatro años de cárcel y otros cuatro años de inhabilitación al estar acusado de no actuar en un caso de maltrato, tras tener conocimiento de que un compañero suyo supuestamente habría cometido un delito de violencia de género hacia su pareja sentimental.
El guardia civil se sentará en el banquillo de los acusados el próximo martes y miércoles, acusado por el ministerio fiscal de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de falsedad documental, según recoge el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso este viernes EFE.
Este juicio, cuya celebración estaba prevista para junio del año pasado, se tuvo que aplazar después de que el abogado del acusado renunciara a defenderlo.
Por el primero de los delitos se le pide la pena de inhabilitación especial para ejercicio del cargo durante una año y, por el segundo de los delitos, una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo durante 3 años.
La Fiscalía mantiene que el acusado, en septiembre de 2018, fue requerido por una mujer, ex pareja sentimental de su compañero, quien le comentó que había sido agredida físicamente y que este último le había realizado pintadas en el coche.
Sin embargo, a pesar de estar obligado por razón de su puesto y ante el conocimiento de la eventual perpetración de un delito de violencia de género, no procedió a recoger denuncia del caso ni a incoar de oficio diligencias.
En este tiempo, el acusado sí intercambió mensajes de WhatsApp con la ex compañera sentimental de su amigo y aseguró que estaba intentando ayudar a los dos, pero que, «al final, lo que le iba a costar era una relación de amistad».
Una vez que la mujer interpuso una denuncia penal por los supuestos malos tratos cometidos por su pareja, el seguimiento de la denuncia recayó en el ahora investigado, sin que se tenga constancia de que fuera apartado del caso dado la aparente relación de amistad con ambos implicados.
Además, el acusado, en enero de 2019, efectúo una nueva valoración del riesgo de la víctima/denunciante y alteró deliberadamente las respuestas dadas por la víctima al cuestionario, de modo que una primera valoración contestada por la perjudicada y firmada por ésta arrojó un resultado de «riesgo medio».
En cambio, el acusado realizó otra valoración alterando con ello el contenido de las respuestas, que arrojó un resultado «no apreciado».
