Castilla-La Mancha cree que la obligatoriedad de que los abortos se hagan en el sistema público de salud puede traer complicaciones a las Comunidades Autónomas

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández, ha dicho sobre la ley del Aborto a nivel estatal que “tiene aristas” que pueden llegar a “complicar” a la gestión de las comunidades autónomas, como el hecho de “hacer obligatorio que se practiquen las interrupciones del embarazo en el sistema público sin ninguna excepción”.

A preguntas de los medios, Fernández ha indicado que este extremo “hace que sea incompatible” esa práctica con el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la medicina.

“A las mujeres hay que protegerlas de cualquier polémica, quizá merezca la pena reflexionar un poco sobre un tema tan delicado, porque un derecho se tiene que ejercer con garantías e intimidad”, ha apuntado la consejera.

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